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La pena de muerte en América Latina

Por Mariana Rodríguez Pareja*

Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en los Estados de la región que aún la mantienen. Este llamado vino junto con el lanzamiento del informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”, un informe comprensivo sobre la pena capital en nuestros países.

La pena capital es un asunto por demás interesante, especialmente, para nuestros países que en su mayoría, no la contempla y por tanto, es algo casi desconocido, sólo recordado de tanto en tanto por algún legislador que presenta ante el Congreso la “maravillosa” idea de establecerla, como si su establecimiento mitigara la criminalidad en la sociedad.

El informe de la Comisión Interamericana reporta que en nueve Estados de la región en los últimos quince años se ha aplicado la pena capital: Barbados, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas, y Trinidad y Tobago.

Los hispanoparlantes

Cuba y Guatemala son los únicos dos países hispanoparlantes donde aún se contempla la pena capital para delitos comunes. La última ejecución en Cuba fue en el 2003, cuando fusilaron “por terrorismo” a Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez Isaac. Los tres ejecutados fueron arrestados al tratar de huir a Miami.

El caso de Guatemala, la última ejecución fue en 1998 por inyección letal y desde entonces, se ha paralizado su aplicación y existe una moratoria para aplicarla. Tal como remarcó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay- quien personalmente pidió a las autoridades del país abolir la pena capital- “el proceso para la abolición de la pena capital es largo y complicado porque implica una reforma a la Constitución”.  Según informó El Periódico durante la visita de Pillay a Guatemala en el mes de marzo de 2012, las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia admitieron que “en 27 casos fue conmutada la pena de muerte y que probablemente (los tribunales) ya no la dicten más”.

Restricciones a su aplicación

Si bien hay que tener en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no prohíbe la imposición de la pena de muerte, ésta establece restricciones y prohibiciones específicas respecto de su aplicación. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención “… sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final…”

También, pide por la eliminación gradual de la pena de muerte en el sistema interamericano o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación. Va de suyo la recomendación a ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; abstenerse de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación; adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital; adoptar las medidas necesarias para asegurar que los estándares del derecho interno satisfagan el más riguroso nivel de examen aplicable a los casos de pena de muerte; y asegurar el cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas, específicamente de las decisiones que involucran casos individuales, así como medidas cautelares y provisionales relacionadas con la pena de muerte.

Según la CIDH, existe una tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, la cual resulta evidente a la luz de desarrollos a nivel ONU, de otros sistemas regionales de protección de derechos humanos y en el derecho penal internacional. Es más: la figura fue derogada en varios países del Commonwealth Caribeño y se espera, que se siga avanzando hasta su derogación en todos los países de la región.

La peor parte del informe es en la cual la CIDH subraya que Estados miembros de la OEA han ejecutado en los últimos 15 años a personas sentenciadas a muerte incumpliendo – es decir aún con la existencia de- medidas cautelares otorgadas por la Comisión o medidas provisionales otorgadas por la Corte en el marco de casos o peticiones en los que se alegaban serias violaciones al debido proceso, entre otras violaciones.

Por último, la Comisión recomendó a los Estados:

• Aplicar una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de la pena de muerte;

• Ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte;

• Abstenerse de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación;

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital;

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los estándares del derecho interno satisfagan el más riguroso nivel de examen aplicable a los casos de pena de muerte; y

• Asegurar el cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas y específicamente de las decisiones que involucran casos individuales, medidas cautelares y provisionales relacionadas con la pena de muerte.

Tal como dice Amnistía Internacional, la pena de muerte es un castigo irreversible,es  discriminatoria y a menudo se aplica de forma desproporcionada contra personas pobres, desfavorecidas o marginadas, así como contra ciudadanos y ciudadanas a quienes los gobiernos represivos quieren eliminar.

El informe completo de la OEA está disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/penademuerte.pdf

*Mariana es la Coordinadora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS) @maritaerrepe

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