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Jóvenes, salud pública y regulación: Nuevos lenguajes y estrategias en tiempos de reformas

Por Eduardo Vergara B., Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública

Si el año 2012 se caracterizó por una mayor apertura en el debate en torno a políticas de drogas, el 2013 fue el año en que se dio inicio a reformas de fondo. De sur a norte, nuestro hemisferio pasó de liderar los debates mundiales con mayor apertura y tomando en cuenta la evidencia disponible. El alejamiento de tabúes arrastrados por décadas y conveniencias políticas que alimentaban testaduras estrategias de seguridad dieron paso a los espacios para implementar los tan esperados cambios que podremos ya evaluar este 2014.

Uruguay sin duda se robó el protagonismo. José Mujica, Presidente de Uruguay, logró que su país se transformara en el primer país del mundo en regular la cannabis. Fue en junio del 2012 cuando el Presidente uruguayo, y en el marco de la presentación de políticas para combatir el crimen y la inseguridad pública, anunció la propuesta. Poco más de un año después, el martes 10 de Diciembre del 2013, el Senado uruguayo aprobó la regulación de la cannabis, legalizando su uso con fines recreativos y generando un marco regulatorio para la producción, distribución y la venta. En esta pequeña nación progresista del Cono Sur, quienes quieran acceder a cannabis para uso medicinal lo podrán hacer por medio del Ministerio de Salud Pública; quienes quieran cultivar, podrán tener hasta 6 plantas; también será posible participar en clubes para usuarios similares a los de España; y quienes quieran simplemente comprar para su uso, lo podrán hacer en farmacias con un limite establecido. Más que Regulación Responsable, esto es también Libertad y Progresismo Responsable.

Alzas considerables en la prevalencia de uso de cannabis, cárceles donde el 10% de quienes están ahí lo hace por infracciones menores a la ley de drogas y un empoderamiento del crimen organizado gracias a los recursos del tráfico; fueron algunas de las señales internas que llevaron a una reflexión profunda protagonizada por El Frente Amplio, la coalición progresista de Uruguay. Pero de la mano con la situación interna, una ola de discusiones y reformas a leyes de drogas en toda la región, el activismo liderado por ex presidentes como Fernando H Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y César Gaviria, presidentes como Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina y la llegada a consensos de alta importancia por parte de organizaciones multilaterales como la OEA y la PNUD; generaron un soporte lo suficientemente fuerte, amplio y transversal para que los progresistas no se sintieran solos y dieran este paso.

El diagnóstico necesario para avanzar en esta reforma, es similar al que vemos creciendo por toda la región. Las políticas de drogas basadas en la represión y prohibición han causado más efectos negativos que positivos. En consecuencia, el uso de drogas (especialmente desinformado) no se ha logrado contener o reducir, el gasto en políticas preventivas y educativas ha sido extremadamente ineficiente mientras que la disponibilidad de recursos con los que cuentan organizaciones de crimen organizado (y no tanto) ha aumentado considerablemente. En América Latina hay más consumo, más gasto, alzas en detenciones y quienes buscan financiar el terror cuentan con mayores recursos. La guerra contra las drogas resultó en una bochornosa derrota auto impuesta tras seguir modelos importados desde países prohibicionistas y que con poco o nada de racionalidad y humanidad, hicieron de esto una cruzada mundial con tintes de totalitarismo. La guerra contra las drogas se transformó en la puerta de entrada para estrategias lideradas por Estados Unidos, principalmente con la DEA como vehículo, en diversos países de la región

América Latina, y en especial sus nuevas generaciones, está pensando diferente. De acuerdo a nuestra última encuesta anual del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas de Asuntos del Sur 2013 (OPDOP13), el apoyo a la política de legalización liderada por el Presidente Mujica recibe un alto apoyo en Argentina, Chile y México, donde obtiene un 59%, 41% y 32% respectivamente. El rechazo a esta política se encuentra principalmente en El Salvador, Bolivia y Colombia, con un 69%, 56% y 44% respectivamente [ver gráfico 1]. Si bien Argentina y Chile son países del vecindario y que comparten características de una situación en torno a las drogas mucho menos contaminada por muertes y violencia en otros países, llama la atención las posturas de los mexicanos, que no solo frente a esta política, sino que frente a muchas otras, demuestran una visión bastantes abiertas a cambios y a erradicar los modelos actuales, esto claro, a pesar de la situación que viven en su territorio, que dicho sea de paso, es bastante diferente a la del Cono Sur.

Pero de la mano con la similitud frente a ciertas alternativas de políticas de drogas, los países que presentan opiniones más favorables a la legalización en Uruguay, son también los que presentan opiniones más favorables a otras situaciones como el matrimonio del mismo sexo, la homosexualidad y el aborto. De cierta manera son los países que comparten posición en el índice de libertades ejecutado en este estudio. Como vemos, las diferencias entre Argentina, Chile y México versus El Salvador, Bolivia y Colombia son evidentes, y son la tónica en la mayoría de los ítems de este estudio. Es necesario poner atención a la similitud en posturas que observamos en este estudio entre el bloque Argentina, Chile y México, como también en el compuesto por Colombia, Bolivia y El Salvador.

Uruguay no está solo. Mientras la comunidad regional ha dado pasos importante en la calidad de los debates y la presencia de la evidencia en estos, el 2013 se caracterizó también por la publicación del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que de cierta manera ‘normalizó’ la posibilidad de tener debates en torno a estas temáticas poniendo la evidencia y la realidad sobre la mesa. Tal como lo aseguró el Secretario General, José Miguel Insulza en la presentación oficial, “hemos procurado no callar ni ocultar nada”, con la finalidad de mostrar el problema “tal cual es y como se manifiesta” (OEA, 2013).

El 17 de Mayo del 2013, el secretario general de la OEA entregó al presidente Juan Manuel Santos de Colombia el informe sobre drogas que solicitó la VI Cumbre de las Américas del 2012. El documento fue también entregado a los Jefes de Estado de la región y difundido públicamente. Este fue elaborado por varios equipos de trabajo de la OEA, con el apoyo de expertos procedentes de todo el mundo. El ‘Informe de escenarios’, presenta cuatro situaciones posibles que podrían desarrollarse en las Américas desde el presente y hasta el año 2025. Entre los posibles escenarios propuestos, se encuentra la despenalización, legalización y el fin al prohibicionismo. Tras cientos de debates y llamados a evaluar la situación actual, América Latina tomó la decisión de hacer historia y una de sus organizaciones multilaterales (si no la más importante) decidió no quedarse atrás y entregar nuevos insumos al debate. Si bien los efectos de documentos de organizaciones multilaterales no son inmediatos o muy profundos sobre la elaboración y ejecución de políticas publicas en los estados miembros, garantizan una apertura en el diálogo. Por ejemplo, y luego de mostrar posturas bastante cerradas por años, el Ministro de Salud de Chile afirmó solo días después del lanzamiento del documento, “que como médico se encontraba de acuerdo “en despenalizar el consumo personal de ciertas drogas”. Además aseguró que “Es más difícil llegar a una persona adicta si es que existe una penalización de por medio”. Señales comunicacionales, no menores que se repitieron desde México a Bolivia, por cierto, en diferentes grados.

De acuerdo a OPDOP13, el impacto del la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas y el tratarlo como un tema de salud pública planteado por la OEA en uno de sus escenarios y el impacto que esto tendría sobre las políticas de drogas de cada país obtiene una evaluación positiva en Chile y Argentina, logrando un 70% y 66% respectivamente. En países como El Salvador y Bolivia la evaluación negativa llega al 51% y 50% respectivamente.

Otras importantes organizaciones regionales también hicieron eco del informe de la OEA. El Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013-2014, señala que el estudio de la OEA “se ha convertido en una referencia obligada para el debate sobre drogas” y lo cataloga como “un hito en el debate sobre el enfoque actual” (PNUD, 2013). En la reunión anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de Diciembre 2013, José Miguel Insulza instó a las autoridades a aplicar enfoque de salud pública en la formulación de políticas de drogas, recordando los avances del informe de la OEA y recalando la necesidad de aprender de los errores del pasado: “Confío en que ese debate nos permita, después de 40 años de hacer lo mismo, introducir las modificaciones en nuestras políticas y acciones que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad de enfrentar el problema”. Entre las conclusiones de la CICAD se encuentra la importancia en fortalecer el foco en la salud pública, el “respeto del consumidor de drogas como titular de derechos humanos”, y la “premisa fundamental que ha generado un consenso hemisférico: no soluciona el problema de las drogas una política enfocada, únicamente, en la represión” (CICAD, 2013), entre otras.

Pero a pesar de los avances en el diálogo regional, actores contrarios a la implementación de cambios no dejaron sus comentarios esperar. Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), acusó a Uruguay de negligencia y atentar con los intereses de la salud pública actuando como “piratas” por no respetar las convenciones internacionales y negarse a reuniones con ellos en Montevideo. La replica desde Uruguay no tardó y fue el propio Mujica quien respondió: “Dígale a ese viejo que no mienta”. Lo siguió Milton Romani, embajador ante la OEA, quien aseguró que Yans “debería considerar renunciar ya que esta no es la forma de tratar a estados soberanos”. Romani está en lo cierto.

La postura adoptada por el presidente de la JIFE si bien fue menos fuerte que la que tuvo frente a la reforma uruguaya, también fue evidente frente a lo que ocurrió en EEUU en el 2013. En el país del norte, no solo 20 estados más la capital han regulado la cannabis para usos medicinales, sino que también 2 estados han decidió de forma democrática regular la cannabis como se regulan otras drogas lícitas como el alcohol y el tabaco. Colorado (Ya en efecto a contar del 1ro de Enero del 2014) y Washington lograron aprobar la legalización en Noviembre del 2012, llegando al 55% de apoyo en las urnas. Desde ese punto tanto los Gobernadores como el Presidente Barack Obama se comprometieron a dejar que estas reformas avanzaran. El Presidente de la JIFE intentó presionar al Fiscal General, Eric Holder, esperando que “tomara todas las medidas necesarias” para que la posesión de cannabis se mantuviera ilegal en EEUU. Yans argumentó también que estas medidas “enviaban el mensaje errado al resto del país” y también a la comunidad internacional.” Afortunadamente poco caso le hicieron a Yans.

Si bien los dichos de Yans no representan a la JIFE (al no existir consulta alguna por parte del Presidente antes de emitir estos juicios), esta organización continúa con un grado de pasividad preocupante al momento de intentar ajustar su discurso a los nuevos tiempos. Tal como en el 2011 el Gobierno de Bolivia decidió denunciar la Convención de la ONU sobre Estupefacientes firmada en Viena en 1961, en forma de protesta porque el organismo no despenalizó el masticado de la hoja de coca y luego volver a ingresar en el 2012 pero con una reserva que permitía el uso lícito de la hoja de coca en su estado natural dentro del territorio boliviano; otros países deberían evaluar lo mismo pero con reserva a otros artículos de las convenciones de 1961 y 1988. Este acto debe apuntar a adherencia con reserva por ejemplo, a la prohibición de uso y cultivo de marihuana, permitiendo al menos el desarrollo de etapas tempranas de despenalización hasta la regulación, dependiendo de la voluntad de cada estado.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por frenar los procesos de reforma, siguen apareciendo claras señales que en el Hemisferio vamos en el camino correcto. Por ejemplo, en Estados Unidos la opinión pública ya se encuentra mayormente a favor de estas reformas y otros países avanzan por el mismo camino. El 2013, y por primera vez en 40 años, la encuesta Gallup mostró que el 58% de los estadounidenses se encuentra a favor de la legalización. Son las generaciones más jóvenes que muestran un favoritismo mayor por estas medidas. El apoyo llega al 67% entre personas de 18 a 29 años (Gallup, 2013). Pero como lo señala Ethan Nadelmann, este rápido apoyo y pasos de reforma no se traducen “en reducciones rápidas en arrestos por porte de marihuana. No hay otra ley que sea ejecutada de manera tan amplia y al mismo tiempo evaluada como tan innecesaria por una sustantiva fracción de la ciudadanía” (Nadelmann, 2013). Como es de esperar, las políticas públicas para enfrentar la problemática de las drogas se encuentran a años luz de la realidad.

En América Latina son también las generaciones mas jóvenes las que muestran mayor apertura a reformar. El OPDOP13 nos muestra que los argentinos son quienes demuestran mayor apoyo que la marihuana fuese legal llegando al 80%, le siguen los chilenos llegando al 67%, colombianos con un 53%, mexicanos con un 51%, finalmente se encuentran salvadoreños y bolivianos con un bajo apoyo del 18% y 16% respectivamente.

Frente a la pregunta sobre alternativas relacionadas con el consumo de drogas ilícitas en general, el 35% de los chilenos creen en la legalización y el 29% en la despenalización. En Argentina la legalización de drogas alcanza el 47% y la despenalización el 29%. En México el 15% se encuentra a favor de la legalización de drogas y el 51% de su despenalización.

Después de los avances en Uruguay, Washington y Colorado podemos esperar una mayor apertura en el debate a nivel regional. A fines del 2013, el nuevo Director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de Argentina, Juan Carlos Molina, declaró que su país “amerita” un buen debate sobre la despenalización de la cannabis. En Guatemala, Otto Pérez Molina abrió nuevamente el debate en torno a la legalización de las drogas. El ex Director de la Inteligencia Militar guatemalteca anunció que “explora” la posibilidad de regular la siembra de amapola para comercializarla con fines médicos. Colombia fue durante el 2013 un epicentro de debates y presentación de propuestas sobre políticas de drogas, eso, junto con los avances en las negociaciones de paz y la puesta en marcha de programas en la Ciudad de Bogotá, hicieron que el país recobrara el espacio que debería ocupar en el debate regional. En Bolivia, Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, aseguró que las conclusiones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) “obliga” a Bolivia a abrir el debate sobre permitir el consumo de marihuana. Por último en Chile, el debate en torno a la despenalización y cambios en la política nacional de drogas estuvieron presente durante todo el año electoral y la Presidenta electa, Michelle Bachelet, en su propuesta de gobierno, se abre a avanzar en la correcta categorización de la cannabis y una evaluación a la ley de drogas.

El 2014 será un año donde ya podremos ver algunas señales de lo que está ocurriendo en los dos estados de EEUU (Colorado hizo efectiva la regulación el 1 de Enero) y Uruguay, lo que servirá para alimentar una mayor presencia mediática de estos temas e inevitablemente la necesidad de obtener mayor y mejor información para sentarse a la mesa. Es evidente que si bien tendremos estadísticas y evidencia, es necesario que también seamos cautos en no tomar conclusiones apresuradas. Es más, es altamente probable que los primeros años de puesta en marcha los resultados no sean los esperados u óptimos. Estamos hablando, en todos los casos, de políticas públicas que merecen ser evaluadas en el corto, mediano, pero por sobre todo en el largo plazo.

Debemos también estar atentos a lo que ocurre en Ciudad de México, que tras un 2013 donde el debate sobre la legalización se instauró, podría dar la sorpresa como el primer distrito/ciudad en regular. Ciudad donde de acuerdo al OPDOP13 el 51% se encuentra ‘totalmente de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ con que la marihuana debería ser legal. Pero de la mano con las posibles reformas en políticas dirigidas a los usuarios, también es necesario mirar lo que ocurre con la lucha contra los carteles de drogas. Durante el 2013, y tras implementar un plan más bien silencioso, el Presidente Peña Nieto intentó diferenciarse de su predecesor, el ex Presidente Calderón, quien terminó su mandato con más de 70.000 muertes y 30.000 desapariciones, librando una de las guerras más sangrientas y absurdas. Pero Peña Nieto está consiguiendo “avances” relativos, terminó el 2013 golpeando duramente a carteles como Los Zetas, el Cartel del Poniente, llegando a detener o abatir a 69 de los 122 narcos más buscados. Pero si bien los asesinatos disminuyeron en el 2013, aumentaron los secuestros y la extorsión. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y septiembre ya se habían registrado 1,205 secuestros (en comparación con el mismo periodo 2012 donde hubo 936 casos), logrando un incremento de 23.4 por ciento. Las extorsiones vieron un incremento en el 10.5% (El Financiero, 2013).

Las criticas al manejo de Peña Nieto no se han dejado esperar, en noviembre del 2013, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch difundió una carta donde argumentó que el Presidente “ha dado escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos para frenar la impunidad del crimen organizado y los abusos de las fuerzas de seguridad en la guerra contra el narcotráfico”, acusándolo de no tener un plan contra el narco (Calderon, 2013). No es coincidencia que México sea el país que presenta la peor evaluación de sus políticas de drogas. El 60% de los encuestados evalúa las políticas de drogas o antidrogas en su país como negativas o totalmente negativas y el 17% ni positivas ni negativas. La mala evaluación es también compartida en Chile, país donde el 52% las evalúa negativamente y el 20 ni positiva ni negativamente. En Colombia la evaluación negativa llega al 49% [ver gráfico 4]. El 2013 vio también una serie de escándalos resultado del mal manejo de las políticas anti tráfico en países como Bolivia, Perú y el más reciente en Chile, donde tras los cuestionamientos al Plan Frontera Norte una seguidilla de escándalos han puesto en jaque la credibilidad de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) por posibles colusiones y corrupción en el norte del país.

Jóvenes, principales victimas de las políticas anti drogas

Ser joven, en muchos casos, es también sinónimo de experimentación. Son las personas en sus etapas más tempranas, quienes presentan mayor disposición a explorar sensaciones y nuevas actividades. Por ejemplo, de acuerdo a OPDOP13, en Argentina, el 34,3% de los encuestados consumió por primera vez alcohol con menos de 14 años y el 66,2% marihuana antes de los 17 años. La edad de primer consumo de cocaína en El Salvador teniendo menos de 14 años llega al 30,6%. Cabe destacar que la edad de inicio del consumo es registrada entre quienes han o consumen, no sobre el total de la muestra.

La experimentación puede partir por razones tan variadas como la simple búsqueda de placer, siendo la “principal razón de su uso simplemente porque las disfrutan” (DrugScope, 2013). Existen sin duda un abanico de otras razones, por ejemplo porque los factores de socialización que acompañan el desarrollo adolecente interactúan para producir agrupaciones de pares, peer clusters, que promueven el uso de drogas (Oetting & Beauvais, 1978) o ambientes de consumo como las fiestas (Calzada, 2013); la instrumentalización para lograr efectos tan variados como una mayor resistencia, bajar el cansancio, aumentar resistencia, bajar el apetito, relajarse, intoxicarse, entretenerse, sentirse eufórico, aumentar experiencias sexuales, trabajar, bajar depeso (Annabel Boys, 2001); también existe una serie de razones ligadas a la búsqueda de experiencias espirituales, exploratorias o religiosas; y, finalmente, es importante considerar una amplia gama de condiciones sociales y de contexto, que siendo voluntarias o forzadas, influyen en el uso y convivencia con drogas. Son los entornos los que juegan un rol importante en el acceso y uso de drogas. Por ejemplo, tomando los resultados de OPDOP13, observamos que en países como Argentina, Chile, México y Colombia, la forma de conseguir las sustancias para consumo es principalmente gracias a que se las regalan, llegando al 50%, 49%, 48% y 40% respectivamente; en El Salvador, el 59% la consigue por que se la compra a un amigo. Chile es el país donde la mayor fracción consigue la sustancias (en este caso cannabis) gracias al auto cultivo, llegando al 18% seguido de Argentina donde llega al 17%. En Chile el 33% de los encuestados asegura que más de la mitad de su entorno social cercano consume drogas ilícitas, en Bolivia el porcentaje llega al 24,4%. Como es costumbre, en algunos países los usuarios hacen diferencia entre marihuana y drogas ilícitas, lo que hace indispensable separar estas percepciones. Con todo, el porcentaje de encuestados que asegura que más de la mitad de su entorno social consume marihuana llega al 44% en Chile y al 44,7% en Argentina.

Pero de la mano con el uso de drogas, también se encuentra la participación (voluntaria o involuntaria) en organizaciones ligadas al crimen que en muchos casos basan su financiamiento en la venta de drogas y empujan a sus miembros a ser parte de círculos de consumo, ya sea con fines sociales, adictivos o para motivar acciones ligadas al crimen. Se estima que solo en México existen “por lo menos 30,000 menores que cooperan activamente con la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico” (PNUD, 2013). Altos numero de participación en actividades similares están también presentes en pandillas centroamericanas como las Maras, en diversas bandas en Colombia y Brasil y grupos menos organizados en países como Chile y Argentina. Como bien lo resume el Informe Regional de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013-2014, “Los jóvenes son el grupo más afectado por el delito y la violencia, y a su vez, son los responsables más comunes.”

Paradójicamente, tomando la frase presentada en el informe del PNUD, en la cual se reconoce a los jóvenes como “el grupo más afectado por el delito y la violencia”, es inevitable sacar a luz las formas de violencia que vienen desde las instituciones del Estado. Desde las detenciones hasta el hacinamiento en diversos recintos carcelarios, vemos señales de una desproporcionalidad en quienes son los principales afectados por la leyes de drogas, leyes, que de manera clara han causado efectos más negativos que las drogas mismas. En Chile el del total de detenciones por ley de drogas, el 56 % corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años. Posteriormente, en cuanto a quienes están tras las rejas, también vemos un fenómenos similares. En Colombia, el grupo de edad entre 18 y 35 años pasa de ser un 57% de las personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas (TNI, 2011). La alta presencia de jóvenes, entre el perfil de detenidos y privados de libertad, se ha transformado en la tónica también en países como Perú, México, Uruguay, entre otros.

Teniendo en cuenta el potencial de inicio en relaciones meramente recreativas o adictivas de jóvenes y drogas, junto con los riesgos y vulnerabilidad en los que estos incurren frente a organizaciones dedicadas al tráfico o meramente frente a los riesgos de asumir los costos de las leyes represivas; urge concentrar esfuerzos en políticas de drogas especialmente enfocadas en las generaciones mas jóvenes. Es en estas etapas donde las políticas educativas, preventivas y de rehabilitación tienen mayor éxito y mayor margen de acción, es aquí donde se deben plantar los cimientos para entregar herramientas a futuros adultos que puedan ejercer su libertad con responsabilidad. Los costos de estigmatizar, detener y en el peor caso recluir a jóvenes es demasiado costoso y genera efectos casi irreversibles en el desarrollo del ser humano.

El desafío de comunicar el mensaje correcto: La exitosa integración del concepto de Salud Pública en el debate.

Toda oportunidad también trae riesgos. La apertura en torno a debatir y los pasos concretos tomados por algunos estados, han traído consigo una ola de espacios de comunicación donde el tema de las drogas ha estado presente. Si bien el numero de expertos y estudiosos de estos temas ha crecido sustancialmente en América Latina, todavía existen grandes vacíos en muchos países y una tendencia preocupante hacia la banalización de estos temas en manos de periodistas y medios. Es demasiado fácil llevar los temas relacionados con esta temática a los extremos, por un lado, existe siempre la tentación del sensacionalismo que busca noticias ligadas a la violencia y al narcotráfico. Esto lleva a una polarización que estigmatiza a consumidores y menudistas proyectándoles como vendedores de mayor calibre de lo que pueden ser, si es que incluso lo son. Es que los operativos policiales nutren los medios y estos entregan una valiosa plataforma para que los primeros validen sus estrategias de seguridad. Ejemplos sobran. En Marzo del 2013, el actor chileno, Ariel Mateluna fue detenido por cultivo ilegal de marihuana en su casa. El trato que recibió por los medios fue exagerado, pero mayor preocupación causó el hecho que la policía nacional también fuese cuestionada por el trato. Tras la detención, el actor aseguró que Carabineros (la policía) llamó a la prensa y aseguró: “me hicieron salir del calabozo, me pusieron las esposas de nuevo y me hicieron caminar hacia las cámaras. Toda una escena de película” (Pardo, 2013). Ya que las detenciones por cannabis son mucho más fáciles de efectuar que las de otros delitos, perseguir este tipo de delitos se transforma en el mecanismo predilecto para aumentar cifras de efectividad y mostrar a la opinión pública por medio de los medios, que el trabajo se está haciendo. En el fondo estas son potentes señales, pero gracias a las cuales, miles pagan costos con nefastas consecuencias frente a sociedades que juzgan y castigan con altos niveles de hipocresía.

Es que para los medios las noticias relacionadas con drogas sirven para alimentar sociedades obsesionadas con generar la sensación que usuarios son potenciales delincuentes, o que, en su caso, son victimas indefensas que pierden su calidad humana al ser adictos y estar rehenes de su consumo. Estos estereotipos alimentan la sensación de inseguridad en la sociedades y transforman a los usuarios de drogas en responsables de romper con lo correcto. Recordemos que el usuario al ya estar incurriendo en una actividad ‘ilegal’ al usar drogas no permitidas, se encuentra, para muchos, demasiado

cerca de ser un delincuente donde pasar de una actividad ilegal a otra no pareciera tan difícil. Hay una serie de estudios y cifras que sirven para alimentar estas noticias. Una cantidad de estudios enfocados en encontrar relaciones (la gran parte del tiempo falsas) entre uso de drogas y delitos están disponibles en casi la totalidad de los países de la región. Algunos resultados de estos estudios se transforman automáticamente en titulares para la prensa.

Durante el 2013 y a inicios del 2014, la presencia de notas sobre la droga ‘Krokodil’ se robaron titulares en diferentes medios de prensa. Krokodil (Desomorfina) es un derivado de la morfina (opioide) y causa poderosos y rápidos efectos analgésicos y sedantes. Si bien está presente desde el 1932, su uso se hizo conocido en el 2010 tras un aumento en su producción y consumo observado en Rusia. Su bajo costo y facilidad en producción, hicieron de esta una droga atractiva para algunos adictos a la heroína que buscaban una alternativa más barata y fácil de producir. Sin embargo, los medios reaccionaron de manera exagerada al catalogarla como una droga que transformaba a personas en zombis y les comía el cuerpo de dentro hacia fuera. Los efectos de su uso son evidentes sobre el cuerpo, ya que principalmente debido a sus impurezas, genera una destrucción del tejido dando pie a diferentes teorías manejadas de forma irresponsable por los medios. Desde México hasta Argentina (26Noticias, 2013), los titulares apocalípticos no se hicieron esperar.

Sociólogos y estudiosos de estos fenómenos han destacado el rol que pueden jugar los medios en la “construcción” de realidades y en consecuencia de la necesidad de implementar ciertas políticas publicas. En el caso de políticas de drogas, esta se ha clasificado también como constitutiva de “pánicos morales” donde la preocupación de la sociedad sobre el tema en particular está inflada por la acción de terceros, especialmente controlada por elites y sus opiniones, y en el caso del tratamiento de muchas drogas, el juego de la ‘política moral’ ha resultado en políticas orientadas en estricta prohibición causando enormes costos sobre la justicia criminal (Omori, 2013). Esta construcción de la realidad que luego resulta en justificar la aplicación de políticas públicas, es un elemento preocupante en el debate actual sobre políticas de drogas. Bajo estas consideraciones, las políticas de “mano dura”, predilectas entre actores políticos, pasarían a ser no mas que políticas irresponsables, alimentadas por actores terceros como los medios, y no necesariamente gracias a las necesidades de las personas. Beckett siguiere que en EEUU, la politización del crimen y los temas relacionados con drogas han sido resultado de la construcción social por parte de los medios y en especial de actores gubernamentales, y no por la evidencia en torno al crimen y el uso o abuso de drogas (Beckett, 1994). Estas consideraciones cobran especial importancia al momento de evaluar los discursos y la retorica presente en América Latina respecto a estas temáticas. Existe una serie de elementos comunes en el tratamiento por parte de los medios (Ya que principalmente es desde ahí donde se nutren las agendas) y las estrategias políticas que con tanto éxito se han multiplicado por el hemisferio. Poner en la balanza el trato que han tenido estos asuntos en EEUU para entender las políticas en nuestra región es un ejercicio de alta importancia.

 

De acuerdo a OPDOP13, las percepciones respecto al aumento en la disponibilidad de ciertas drogas ilícitas muestra alzas importantes en los diferentes países respecto a las drogas analizadas. En el caso de la marihuana, la percepción de aumento está presente en casi todos los países, destacando principalmente El Salvador, donde el aumento es de un 60% en el 2012 a un 88% en el 2013 y el único país donde la percepción bajó fue en Argentina, de un 75% a un 69%. En el caso de la cocaína el aumento en la percepción de la disponibilidad esta presente en todos los países, destacando el aumento en El Salvador donde llega a 34 puntos porcentuales y Chile con 24 respecto al año anterior. Finalmente respecto a la pasta base también vemos un aumento en todos los países, siendo El Salvador donde se observa la mayor alza con 47 puntos y Chile con 26 [ver tabla 1].

Pero como bien sabemos, América Latina ha desarrollado también una atracción a otras drogas, principalmente sintéticas y de diseño, generando un aumento no solo sobre la percepción, sino que la real disponibilidad. Es el caso del éxtasis, droga que entró fuerte entre los sectores de jóvenes mas pudientes. En el caso de Bolivia, el 75% de los encuestados segura que la disponibilidad de éxtasis ha aumentado, es seguido por Colombia donde la percepción de aumento llega al 73%, a 71% en El Salvador, en México al 64%, Argentina al 60% y Chile al 59%.

Dada la importancia que los espacios y agentes de comunicación pueden tener sobre las agendas políticas que decantan en políticas públicas, es también necesario reconocer el potencial que los medios tienen sobre políticas de información, educación y prevención. En otras palabras, la pregunta que nos debemos hacer, es como revertimos el uso del poder de los medios para así re enfocar los esfuerzos. No solo la ONU, sino que una serie de otras organizaciones reconocen que las campañas de información tienen alto impacto como mecanismos de prevención y en consecuencia reconocen su importancia sobre las estrategias y políticas de prevención (Gonzales, 1992).

Sin embargo, en los últimos años y tras diversos consensos de que las políticas basadas en la prohibición no han dado resultado, un fuerte foco en la salud pública ha tomado mucha fuerza en el debate mundial y especialmente el regional. Desde la Comisión Global de Drogas, pasando por el documento El problema de las Drogas en las Américas de la OEA, hasta discursos y estrategias a nivel nacional, el foco en la salud pública por sobre el mero foco centrado en la seguridad, ha entregado un importante grado de seriedad y dirección al debate. Ahora último, fue en la última reunión de la CICAD en Bogotá, donde “hubo un énfasis como nunca antes en el enfoque de salud pública y derechos humanos, con un fuerte reconocimiento de la necesidad de no criminalizar a los usuarios de drogas ni a los eslabones más débiles” (Garzon, 2013). Este lenguaje abre la oportunidad para avanzar en políticas que se basen en el ser humano, separando el enfoque de lo punitivo y abriendo la posibilidad para políticas basadas en la reducción de daños. Es más, como parte de las recomendaciones de los grupos de trabajo en esta sesión, se recalcó la importancia de poner a la persona el centro, diferenciando si es un consumidor recreativo o problemático. En este aspecto, “la categoría de enfermo no puede aplicarse a todos los consumidores; la estigmatización aleja la posibilidad de acceder a apoyo, atención y tratamientos” (Wilson Center & FIAP, 2013).

Los datos del OPDOP nos muestran también la importancia que las personas le dan al enfoque de salud pública. A nivel de instituciones, todos los encuestados expresan mayoritariamente que el Ministerio (Departamento o Secretaría) de Salud debería articular la política de drogas en su país. En el 2013 todos los países muestran un alza sustantiva en comparación con el año anterior, por ejemplo, en El Salvador la preferencia aumenta de un 14% en el 2012 a un 17% en el 2013, en el caso de México va de 18% a 55%, Colombia de 26% a 55%, Chile de 36% a 66%, Bolivia de 18% a 19% y Argentina de 44% a 45%. Mas allá de la institución especifica, la opinión que el consumo de drogas debería considerarse una problema de salud pública (sobre un problema de seguridad ciudadana o que no constituye ningún problema), en todos los países exceptuando Bolivia y Colombia, la preferencia principal es sobre la salud pública. En el caso de Argentina esta llega al 64%, México el 50%, Chile el 49% y El Salvador 42%. Si bien estas cifras siguen siendo alentadoras, solo en Chile y El Salvador observamos un alza con la medición anterior, de 3 puntos porcentuales y de 15 puntos respectivamente.

Iniciamos el 2014 con optimismo. De sur a norte nuestro hemisferio se encuentra viviendo procesos de reflexión y en algunos casos de reforma. América Latina ha asumido un rol de alta importancia en el debate mundial, por primera vez entendiendo que para avanzar, es necesario iniciar recorridos, en momentos, solitarios para poder ofrecer un liderazgo. Una región que ha pagado gran parte de los costos de políticas basadas en la prohibición y represión, hoy se levanta para mostrar el camino y entregar esperanza y nuevas posibilidades al mundo. No es menor (guardando las proporciones) que una publicación como The Economist, al elegir a Uruguay como país del año en el 2013, argumentara que reformas como las implementadas “no solo mejoran un país en particular, pero de ser emuladas, podrían beneficiar al mundo”.

Pero los desafíos son diversos. De la mano con continuar con los debates y reformas, es necesario que la gran mayoría de países de la región inicie reformas urgentes que permitan abordar la expansión del consumo de drogas como el crack, bazuco o pasta base entre los sectores más vulnerables; ejecutar estrategias preventivas enfocadas en los jóvenes para entregarles herramientas y no historias de terror; es necesario también crear medidas que flexibilicen las políticas de castigo a usuarios y vendedores al por menor, para acogerles y atraerlos, más que empujarlos a la clandestinidad donde ni el estado, familia o cercanos les pueden ayudar. Estas medidas requieren de atención inmediata y parten por la voluntad de las elites políticas en separar el uso de

drogas de lo punitivo, asegurando que ningún usuario sea criminalizado, perseguido, castigado o estigmatizado en vez de recibir la ayuda necesaria. De la mano con estos esfuerzos, urge controlar las políticas que continúan hacinando cárceles y centros de detención especialmente de jóvenes y mujeres, simplemente por servir en el último eslabón de un sistema de trafico de drogas que los ha esclavizado y transformado en agentes absolutamente desechables, causando sus perdidas efectos ínfimos sobre las estructuras de tráfico.

No podemos permitir que América Latina siga siendo hogar de una de las guerras más absurdas, sangrientas y costosas de los últimos tiempos.

Los dejo con los resultados de nuestro estudio 2013 – 2014, esperando que se transforme en una herramienta más para complementar este importante debate y para que avancemos hacia políticas de drogas que sean fiscalmente responsables, fundamentadas en la evidencia, basadas en la salud pública, que garanticen el respeto por los derechos humanos, pero que sobre todo tengan identidad nacional.

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VER ESTUDIO COMPLETO 2013-2014 [aquí]

Para gráficos correspondientes a esta presentación, ver informe completo 

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