La Crisis del Precio de los Alimentos en América Latina: Riesgos y Oportunidades.
Por Máximo Torero.
International Food Policy Research Institute
Desde fines de la década de los 80, casi todos los países Latinoamericanos han adoptado una serie de reformas económicas de largo y mediano plazo, más específicamente en cuanto a comercialización, financiamiento y liberalización de las cuentas de capital. El incremento de la apertura económica ha ido de la mano con la entrada de grandes flujos financieros, particularmente en la primera mitad de la década de los 90, posibilitando nuevas fuentes de desarrollo económico. Como resultado de este fenómeno, las economías crecieron, la inflación declinó y hubo además un gran incremento en el flujo de capitales extranjeros. A partir de 1995 este crecimiento comenzó a declinar, aun así en los últimos cinco años, la región ha experimentado un fuerte auge demostrando su mejor desempeño y sostenibilidad desde la década de los 70. Con la excepción de algunos países de la región, este fenómeno ha sido acompañado de una inflación relativamente moderada.
A pesar de estos resultados positivos, casi todos los países Latinoamericanos comparten ciertos problemas como: crecimiento económico desigual, estancamiento del desarrollo agrícola, inaceptables niveles de pobreza y altos niveles de desnutrición. Más del 60% de las personas pobres de la región viven en áreas rurales donde el bajo desarrollo económico, la distribución desigual del capital y la inadecuada inversión pública en servicios básicos, representan importantes aspectos a ser tomados en cuenta al diseñar las políticas públicas. Las áreas rurales son también vulnerables a los efectos de desastres naturales e impactos económicos negativos.
La presente crisis en el precio de los alimentos está agudizando estos problemas. Afortunadamente, Latinoamérica posee una relativa inmunidad a los choques económicos externos gracias a su liquidez de moneda extranjera, además de una reducida necesidad de préstamos para el sector público y externo, flexibilidad en las tasas de cambio, menor exposición a la depreciación del dinero, tasas de interés y riesgos en la deuda pública, junto con un mayor acceso a préstamos en moneda local. Sin embargo, la crisis en el precio de los alimentos afectará severamente a todos los países de la región estimulando la inflación en general, y específicamente la inflación en los precios de los alimentos.
Este impacto será mayor en aquellos países netamente importadores, especialmente Centro América y México, afectando también a consumidores de escasos recursos localizados en áreas peri-urbanas y rurales. La mayoría de los países centroamericanos son consumidores netos de alimentos básicos: El Salvador -68.2%, Guatemala -83.3%, Honduras -88.8% y Nicaragua -90.2%. Por ejemplo, en El Salvador, una familia rural puede comprar ahora solamente un 56 % de lo que solía comprar 18 meses atrás con la misma cantidad de dinero (US $ 0.17).
Antes de esta crisis, la mayoría de los países Latinoamericanos estaban encaminados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto a reducir a la mitad la cantidad de personas que tenían ingresos inferiores a un dólar al día entre 1990 y el 2015. Actualmente, un número significativo de países no logrará hacer realidad estas metas. Además, las presiones inflacionarias reaparecerán y persistirán en los años venideros.
En tal sentido, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué se podría hacer para minimizar los costos y maximizar las oportunidades para que los productores agrícolas Latinoamericanos puedan beneficiarse de esta crisis en el precio de los alimentos? Para minimizar los costos, los diseñadores de políticas deberían enfocarse en la pobreza extrema, tomando ventaja de la existencia de programas de protección social. Latinoamérica, en contraste con países en desarrollo de Asia y África Sub-Sahariana, ha implementado importantes Programas de Transferencia Condicionada. Estos programas les permiten a los países utilizar un mecanismo de focalización ya existente para poder minimizar los riesgos de los hogares más pobres debido a su reducido acceso a los alimentos y a los altos precios de los mismos. Por tal motivo estos programas no sólo deben mantener el valor adquisitivo de las transferencias condicionadas, sino que además deben tener un mayor alcance y extensión. Donde estas intervenciones no existen, los programas de transferencia condicionada deberían introducirse en el corto plazo. Sin embargo, si se da el caso de que los mercados de alimentos no funcionan bien o son inexistentes, entonces la provisión de alimentos sería una mejor opción. Asimismo, los gobiernos también deben focalizar esfuerzos en los programas de microfinanzas, que incluyen tanto crédito como ahorro, dado que éstos hacen posible que las personas de escasos recursos eviten tomar decisiones drásticas como la venta de bienes productivos, lo cual puede dañar en forma permanente su potencial para percibir ingresos futuros.
Por otro lado, para maximizar los beneficios de los productores agrícolas en Latinoamérica, está claro que existe la necesidad de expandir las inversiones para alcanzar un crecimiento agrícola sostenible. La transición hacia inversiones viables de largo plazo –particularmente para apoyar el acceso a mercados, y a la ciencia y tecnología agrícolas- es de una urgente necesidad para poder transformar la crisis alimentaria en una oportunidad para el desarrollo y crear capacidades que permitan hacer frente a futuras emergencias alimentarias o similares. Las inversiones para alcanzar un crecimiento agrícola sostenible incluyen el aumento del gasto público destinado a infraestructura rural, servicios, investigación agrícola y tecnología. Dichas inversiones no sólo representan una recuperación en términos de crecimiento agrícola, sino que tienen también un alto impacto en la reducción de la pobreza tanto en áreas rurales como urbanas mediante el incremento de la producción y del empleo, y la reducción de los precios de los alimentos.
Los países Latinoamericanos tienen que buscar la salida de la pobreza mediante inversiones productivas que logren incrementar la capacidad de ganar dinero por parte de aquellas personas de menores ingresos. La estrategia basada en transferencias condicionadas sólo puede ser considerada como una solución a corto plazo. Solamente un enfoque en inversiones específicas logrará reducir permanentemente la vulnerabilidad de los pobres ante la crisis de los precios de los alimentos y al mismo tiempo logrará reducir la pobreza mediante el aumento de la cantidad o el valor de los bienes que éstos poseen. El propósito del enfoque de inversión se centra en reducir permanentemente la pobreza mediante la creación de bienes o activos a largo plazo, los cuales incrementarán permanentemente el poder adquisitivo de los pobres.
