GRÁFICO I.
Una guerra institucionalizada.
Por Ivan Briscoe.
Instituto Clingendael, La Haya.
El mundo idílico de las normas internacionales sobre la drogas encuentra pocos ecos en la realidad. Las guerras contra la droga que han cosechado éxitos, aunque sean parciales, se ubican generalmente en países bajo dictaduras, o en procesos revolucionarios: Shanghái bajo Mao y Afganistán bajo los Talibán, por ejemplo. Pero las guerras largas (o tal vez infinitas) de las democracias occidentales, manejados por enormes sistemas burocráticos-militares, y efectuados con gran niveles de secretismo y dobles estándares – miramos, por ejemplo, a la utilización de los gran narcotraficantes centroamericanos por parte de la CIA en los años ochenta – no tienden a erradicar la droga, sino a crear un negocio del narcotráfico en su propia imagen. El tema ahora no es solo condenar este monstruo de la prohibición, pero enseñarle a morir en paz.
La Comisión Latinoamericana tiene toda la razón en describir esta guerra como un fracaso. El intercambio de incentivos económicos y oportunidades para rentas extraordinarias entre la estructura legal prohibicionista y la realidad criminal transnacional es, después de 30 años de lo mismo, constante y fluida. En el fondo, la ley y sus castigos se han monetizado en manos de los traficantes. La inflación del precio desde el campo de cultivo al punto final de venta es gigantesca, con estimaciones orbitando 15,000 por ciento para cocaína y heroína. Además, la parte más jugosa de estas ganancias se sitúa en el traslado internacional, que también es el enfoque más importante de los esfuerzos de contrarrestar el comercio.
Esta reconversión de la ley en precio tiene su parte correspondiente en la corrupción de las representantes de la ley, sobre todo en los puntos neurálgicos de la distribución de la droga. Sabemos suficiente sobre la frontera colombiana-venezolana, las favelas de Brasil, la tierra caliente de Centro América, y la frontera de México con Estados Unidos para desmentir el optimismo terco de la política prohibicionista, y temer mucho los efectos de la exportación de su “daño colateral” a territorios vírgenes para el narcotráfico, sobre todo en África y Asia Central.
Sin lugar a dudas, Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, ofrece ahora una manifestación particularmente nefasta de este poder criminal, su fragmentación, y su captura de las múltiples fuerzas oficiales: policía, justicia, política y empresas. Hasta hoy en día, son más de 2,000 muertes en 2009 por culpa del crimen organizado en una ciudad de poco más de un millón de habitantes, convirtiéndola en un verdadero casino mortífero. Pero el “narco” sabe bien los espacios en que puede mover; entiende la diferencia entre la ley, bonita y esperanzadora, y su aplicación. Al otro lado de la frontera, El Paso sigue siendo una ciudad pacifica y agradable.
Tal acumulación de pruebas está empujando América Latina claramente hacia la legalización de la droga para el consumo personal y un énfasis sobre el tratamiento médico de los adictos, basado en el modelo europeo de reducción de daños (actualmente, todo los países europeos tienen sistemas de distribución medicalizada de heroína o sus sustitutos). Portugal y Holanda son ejemplos estelares de esta tendencia, donde la venta y el consumo de drogas blandas se practican casi libremente, y donde ni hay juventudes entregadas al abuso de estupefacientes ni altos niveles de adicción a las drogas duras. Pero es importante reconocer que sus sistemas se basan en la existencia de zonas grises, regiones donde la letra de la ley no se aplica y no quiere entrar. Holanda tolera el consumo de la marihuana; siempre ha penalizado, formalmente al menos, la posesión y la producción de la misma. O sea, desde el campo de cultivo, extranjero o local, al momento preciso de consumo final hay una larga cadena de ilegalidades toleradas, donde proliferan productores de anfetaminas, éctasis, y una versión de marihuana extremadamente nociva (“skunk weed”).
Es factible introducir un sistema parecido en América Latina, o en otras regiones en desarrollo, al estilo de la propuesta de Cardoso? Y quizás más importante, serviría realmente a reducir los flagelos de la criminalidad? El modelo de producción y consumo cuasi-legal que propone la Comisión, en que todo el esfuerzo de seguridad se dirigirá a las cadenas de tráfico mientras las enfermeras patrullan los consumidores y los campesinos reciben alicientes fiscales para cambiar de cultivo, tiene dos defectos grandes. Primero, su confianza en la eficacia de los sistemas de salud e información pública en el control del consumo y la adicción es positiva, pero no responden al temor de un auge súbito en el consumo de drogas duras causado por un proceso de liberalización. Las mismas dudas que aplica la Comisión a las fuerzas de seguridad hay que emplear para el nuevo sistema, y con toda franqueza es difícil imaginar los servicios médicos públicos de América Latina funcionando como la primera línea de defensa contra una epidemia de consumo en los barrios desfavorecidos.
Obviamente, el supuesto de un mercado inundado de cocaína y heroína es un escenario transicional, basado en la apertura a la legalidad de un mercado criminalizado, acompañado por la entrada de nuevas cadenas multinacionales de venta en el mercado. En este respecto, surgen miles de preguntas y dilemas, y es difícil exigir a la Comisión una respuesta elaborada al tema. Pero en algún punto es esencial ser concreto: si el objetivo de la reforma es desarmar la economía clandestina de la droga, que es la base del poder de los narcotraficantes, hay que eliminar sus rentas extraordinarios. Sin embargo, un enfoque nuevo sobre la represión del tráfico, del estilo propuesto por Cardoso, no promete ninguna salvación de las guerras de Ciudad Juárez, sino una zona gris absolutamente vasta, en que se mueren miles en el intento de dominar o erradicar la comercialización de productos que son de facto legales.
En otros términos, falta un mapa de ruta más clara para definir el estatus legal del comercio (por ejemplo, la propuesta de la ONG británica Transform), y para mostrar cómo se podría desactivar las numerosas guerras pequeñas que han sido la consecuencia de la guerra principal contra la droga. La salida no será fácil, porque la guerra institucionalizada nunca lo permitirá.
