Restaurar la confianza, uno de los desafíos para el Gobierno abierto

Ante las cifras que muestran serias caídas de la confianza en los gobiernos centrales y subnacionales de América Latina, el Gobierno Abierto es una aproximación innovativa y factible para resolver este problema y crear así más gobernanza.

El Gobierno Abierto es un nuevo enfoque de gestión pública que promueve la mayor transparencia, participación ciudadana y co-creación de políticas públicas. Este se encuentra alineado con el Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, el cual apunta a crear estrategias para lograr sociedades más inclusivas y justas.

Los pilares y estrategias del Gobierno Abierto posibilitan mayor deliberación ciudadana, la rendición de cuentas, pero sobre todo, la alianza entre sociedad civil y el Estado para crear juntos soluciones nuevas a viejos problemas. Esta es la razón por la cual este enfoque tiene la potencialidad no sólo de incrementar las expectativas positivas con respecto a los gobiernos, sino también de generar interacciones sostenidas que lleven a mayores niveles de confianza y gobernanza.

A continuación te presentamos un primer artículo que recoge nuestros resultados de una investigación realizada para la Alianza para el Gobierno Abierto.

¿Por qué restaurar la confianza?

Los gobiernos de América Latina pasan por un momento de ruptura con la sociedad. Mediciones realizadas a nivel internacional, y de manera comparativa, muestran un panorama bastante crítico. Latinobarómetro reportó que en el año 2016 se alcanzó el nivel de confianza más bajo en los gobiernos centrales (25% en promedio) desde 2003. Vistas las cifras de manera desagregada por país, los gobiernos de Brasil, Perú y Venezuela son los que menos confianza generan en la población (Gráfico 1), aunque ninguno de los analizados aquí, salvo quizás la excepción de Uruguay, llega siquiera al 50%.

A nivel subnacional, las cifras tienden a recuperarse ligeramente. Así, países con baja confianza a nivel nacional, muestran en cambio cierto optimismo cuando son analizados desde el nivel subnacional: Venezuela 47% de confianza, Paraguay 47%, México 38%, Chile 50% (Gráfico 1). Los gobiernos locales tienen ventaja al respecto, debido a que son más cercanos a la población y tienen, en general, mayores mecanismos de participación ciudadana directa.

Gráfico 1. Niveles de confianza en gobierno central y gobiernos municipales por país

‍Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro y LAPOP (2017)

La baja confianza registrada implica serios problemas. Los gobiernos tienen cada vez menos legitimidad y apoyo ciudadano para llevar a cabo sus políticas, lo cual genera más inestabilidad y puede incluso afectar en el imperio de la ley. Esto ha sido observado reiteradamente por organizaciones internacionales, como el PNUD o el Banco Mundial, como un obstáculo para el desarrollo social y económico.

Más allá de eso, uno de los graves problemas y consecuencias de la baja confianza, según lo reportan tanto LAPOP como Latinobarómetro, es su influencia en la creciente indiferencia hacia la política y en el menor apoyo que la democracia tiene como sistema de gobierno (LAPOP, 2017). El pesimismo con respecto a la política es compartido por el 48% de la población en general, mientras en Chile y México esta perspectiva es aún más acentuada. La insatisfacción con respecto a la democracia es quizás más acuciante: en Brasil y Colombia superan los ⅔ de la población; sólo en Argentina y Uruguay ésta no sobrepasa el 50%. Restaurar la confianza, entonces, se ha vuelto una preocupación no sólo para los gobiernos, pero en sí implica una necesidad para fortalecer la democracia.

Nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 2016 (%)

‍Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro y LAPOP (2017)

¿Qué está detrás de los bajos niveles de confianza?

Las anteriores cifras responden a contextos muy complejos. Es notorio como, por ejemplo, los países que reportan menor confianza en sus gobiernos son también aquellos en los cuales se han destapado escandalosos casos de corrupción, como lo ha sido el de Odebrecht, que ha implicado directamente a los gobiernos de Perú, Venezuela y Brasil. A su vez, el gobierno argentino pasa por duras críticas debido a las reformas macristas, o el gobierno boliviano debido a las intenciones del presidente de lanzarse a una nueva contienda electoral a pesar de que su Constitución no lo permite. Empero, más que hechos coyunturales, estos parecen ser aspectos estructurales que no se logran solucionar en el tiempo.

Como lo reportaron los informes LAPOP de 2014, y Latinobarómetro de 2017, uno de los principales determinantes de la baja confianza es la percepción de corrupción en la política. Por otra parte, 73% de los y las latinoamericanas piensan que son gobernados por una poderosa minoría, lo cual hace que perciban que no hay un trato justo, pues las autoridades no gobiernan para todos y todas (Latinobarómetro, 2016).

A nivel municipal, en cambio, la mayor o menor confianza tiene como factor principal a la satisfacción con los servicios, es decir, la gestión pública (LAPOP, 2014). Esto resulta lógico cuando se toma en cuenta que este nivel administrativo, en la mayor parte de América Latina, se encuentra altamente descentralizado y es responsable de aquellas competencias que tienen que ver con la provisión de la mayoría de los servicios básicos.

Confianza y Gobierno Abierto

De acuerdo a James Coleman (2010), la repetida y sostenida interacción entre gobierno y sociedad posibilita la cooperación, reduce costos y resta las posibilidades de corrupción. La interacción continua, además, ayuda a establecer lazos de confianza y a generar actitudes positivas. Es decir, confiamos en aquellos o aquellas que conocemos mejor.

Los tres pilares del enfoque de Gobierno Abierto – transparencia, participación y co-creación – son, justamente, estrategias que incrementan la interacción, y por ende la confianza. Sobre todo la co-creación, la cual es sin duda un elemento nuevo en la gestión pública, permite que sean los ciudadanos y las organizaciones sociales quienes diseñen y creen aquellas soluciones que a veces los gobiernos, no logran hacer.  

Además, esto es aún más factible hoy, en tanto existen tecnologías digitales que permiten una interacción asincrónica y distribuida (Tollber y Mossenger, 2006). Las tecnologías digitales son, asmimos, potentes herramientas para empoderar a los ciudadanos, ya que permiten una retroalimentación continua al gobierno y una mayor deliberación y toma de decisiones a través de plataformas de votación, como DemocracyOS, Loomio, Consul u otras.

En definitiva, el Gobierno Abierto es una oportunidad para empezar a restaurar la confianza de manera propositiva e inclusiva.

Bibliografía

Coleman, James (1990). Foundations of Social Theory, Harvard University Press.

LAPOP (2017). The Political Culture of Democracy in the Americas, 2016/17. A Comparative Study of Democracy Governance. Vanderbilt University.

Latinobarómetro, Informe 2016, retrieved online at www.latinobarometro.org

Thomas, W. and Gregory, S. (2003). The New Face of Government: Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-Government. Journal of Public Administration Research and Theory 13 (1): 83–102.

Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The effects of e‐government on trust and confidence in government. Public administration review, 66(3), 354-369.

Publicado por:
Equipo #InnovaPolíticaLatAm
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Equipo #InnovaPolíticaLatAm

El proyecto propone la creación de una estrategia de innovación política para América Latina: Innovar es poder darle solución a un problema o necesidad no satisfecha. En política y en el contexto de América Latina, innovar significa buscar nuevas estrategias para darle solución a los problemas históricos de la región: la no inclusión social de actores marginados, como los pueblos indígenas, la diáspora africana, las mujeres y jóvenes; la debilidad de la calidad del Estado y su relación con la sociedad; y la persistencia de un paradigma productivo basado en la explotación de nuestros recursos naturales. Estos factores son un peso muerto que impide que la región tenga un desarrollo democrático y sustentable.