Alerta democrática en América Latina

Los hechos de violencia frente a la protesta social que se vienen evidenciando a lo largo de la región en los últimos años, que se han intensificado en los últimos meses, están poniendo en discusión principios básicos de nuestras democracias. Lo que viene ocurriendo en Venezuela, con las movilizaciones de la oposición y el oficialismo del 19 de abril (3 muertos y centenares de heridos y detenidos), o los disturbios ocurridos entre el jueves y el viernes pasado, dejó un total de 20 muertos en tres semanas. Esta es una de las señales más claras de la delicada situación que se vive en América Latina, como también lo son otros hechos igualmente trágicos y repudiables, como la represión sucedida el mes pasado en Paraguay, con el saldo de un joven militante muerto y diversos detenidos, o el (tristemente) emblemático caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa (México), por citar sólo algunos.

Pese a las diferencias entre las dinámicas y las consecuencias en cada uno de estos casos, hay un elemento que se mantiene constante: que la criminalización de la protesta social no reconoce ideologías políticas, ya que en los ejemplos citados encontramos tanto gobiernos progresistas como conservadores. Por lo cual, a la hora de analizar este tema, debiéramos comenzar por sacarnos de encima las acusaciones cruzadas e infértiles de estar amparando o atacando con base a nuestros posicionamientos ideológicos –que, evidentemente, todos poseemos y son legítimos. 

La protesta social –en sus diversas manifestaciones y cristalizaciones, según el país que se trate– se ha demostrado como un mecanismo clave  para canalizar demandas y acciones políticas por parte de la ciudadanía. Recientemente el PNUD hablaba de un promedio de más de 300 episodios de protesta anuales por país[1]. Entre 2016 e inicios de 2017, se sucedieron demandas del colectivo LGTBI, manifestaciones por la igualdad de género y contra los femicidios, reivindicaciones de derechos laborales y de los usuarios o  movilizaciones por las desapariciones forzadas y muertes de periodistas, estudiantes, referentes sociales, mujeres y niñas en manos de las fuerzas de seguridad y del Estado. En este sentido, #NiUnaMenos (Argentina), #VemPraRua (Brasil), #Yosoy132 (México) o #Yasunidos (Ecuador), son algunas de estas expresiones.

Lamentablemente, como mencionamos, vemos una profundización en la tendencia hacia la criminalización de la protesta, el uso de la violencia y la persecución política, como fuese alertado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015[2], evidenciando el uso indebido del derecho penal como manera de coartar las capacidades democráticas de la población. A los ejemplos ya citados, podemos agregar el “gasolinazo” en México, que dejó 6 muertos, 15 heridos y más de 1.500 detenidos; el encarcelamiento arbitrario de la dirigente social Milagro Sala (Argentina) y la fuerte represión a los docentes por el acampe en un espacio público en la Ciudad de Buenos Aires ante el pedido de mejoras salariales; la manifestación contra violencia machista en Chile (2016), que dejó un saldo de 12 detenidos y golpes e insultos por parte de la policía; o los 94 líderes de movimientos sociales asesinados en Colombia en 2016 por grupos ilegales de extrema derecha.

Ante esto, a la hora de dar cuentas de dichas situaciones, la responsabilidad de los Estados son ineludibles, lo cual no implica desconocer las fuerzas y motivaciones de los distintos grupos que forman parte de este tipo de protestas –que, en ocasiones, pueden hacer una decidida apuesta para generar situaciones de desestabilización política y social. Pero son los Estados, sobre todo bajo regímenes democráticos, quienes tienen  la obligación proteger y garantizar derechos y libertades como la de expresión, de manifestación, de opinión y la integridad física de las personas. Lo anterior no implica adoptar una mirada naïf o meramente procedimental de aquello que es necesario para mantener los valores y principios de la democracia, sino más bien defender los principios de integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

Dicho esto, es fundamental que, al menos desde el progresismo latinoamericano, no se caiga en un doble estándar a la hora de condenar la violencia institucional: esta es igualmente repudiable prescindiendo del color político del gobernante de turno, no hay causas “justas” para legitimarla. La exigencia de garantizar –en democracia– ciertos derechos y libertades no implica desconocer la igualmente importante responsabilidad del Estado para garantizar el efectivo acceso al amplio abanico de derechos que permitan un proyecto de vida digno. No debemos caer en falsas dicotomías. La persecución, intimidación, detención arbitraria, agresión y muerte de manifestantes –prescindiendo de su bandera política– es algo que debe ser repudiada de plano, igualmente que la pobreza, la exclusión social y las varias desigualdades que atraviesan a nuestros pueblos.

Si quienes nos gobiernan, ante su evidente incapacidad o falta de voluntad para interpelar y articular las demandas sociales, no les queda más que el uso de la fuerza para intentar legitimar sus medidas, es hora que se replanteen su relación con la democracia. Pero también nos debe instar, a quienes sí mantenemos intacto nuestro compromiso democrático -desde los distintos sectores, movimientos sociales y partidos políticos- a no quedar impávidos ante estos y otros embates que ponen en peligro el presente y el futuro de nuestra democracia. 

Equipo Asuntos del Sur

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[1] Ver: “La protesta social en América Latina” 

[2] Ver: “Criminalización de defensoras y defensores de Derechos Humanos”