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Dilma, semanas finales

26. Ese es el número fatal que implicó la derrota más estruendosa para el gobierno brasileño en el tratamiento del juicio político (impeachment) en la Cámara de los Diputados. Cómo símbolo de la razón última de las falencias de Dilma Rousseff como referente política, la votación reflejó quién estaba con el músculo entrenado y quién no en materia de gimnasia parlamentaria. Los borradores oficialistas apuntaba 163 voluntades en contra de la apertura del proceso contra la presidenta, lo que implicaba una confesión implícita de que no se esperaba la derrota de la moción, sino una votación ajustada que desmoralizara aunque sea parcialmente la iniciativa de cara al Senado, la siguiente instancia de evaluación. El resultado demostró que 26 diputados que se contaban como propios desertaron bajo diversas formas. Desde la ausencia por maternidad de Clarissa Garotinho (del minoritario Partido da República e hija del ex gobernador de Río de Janeiro y aliado de Lula, Anthony Garotinho) hasta la traición abierta del ex payaso Tiririca, quien media hora antes de pronunciar su voto favorable había prometido al mismísimo Lula votar en sentido contrario, en un hotel céntrico. Los articuladores del búnker opositor liderados por el vicepresidente Michel Temer resultaron más eficientes en sus pronósticos: apenas un solo voto de los previstos resultó desviado de sus previsiones, logrando el favor de 367 diputados, 25 más de los requeridos.

Temer se abre paso, y ahora presionará fuertemente al pseudooficialista presidente del Senado, el alagoano Renan Calheiros, para acelerar la tramitación del proceso, el cual debe votar por mayoría absoluta la ratificación de la apertura del proceso, lo que determinaría la suspensión por 180 días de Dilma Rousseff, y su sustitución durante dicho lapso por Temer. Sin embargo, Calheiros (con el cual Temer guarda una relación fluctuante, por decir lo menos) ya ha declarado que no piensa acelerar los plazos. La relación de Calheiros con Lula tiene un gran historial: fue el PT el que dio cobertura al actual presidente del Senado en sus horas bajas cuando fue cercado por un escándalos de dadivas de empresas constructoras que le permitieron financiar la manutención de su hijo ilegítimo con una conocida presentadora de televisión, allá por 2007. Pero los tiempos son otros, y la buena performance disciplinaria del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, formación de Calheiros y primer partido en bancas) en Diputados, hace presagiar que Dilma difícilmente evite la suspensión en el Senado. Ante ese escenario, el PT baraja tres opciones fundamentales: la primera, preparar el camino para lograr una minoría de bloqueo. El impeachment necesita 54 votos sobre 81. Si bien dicha estrategia fracasó en Diputados, el Senado brasileño es un ámbito diferenciado, y las ausencias pueden ayudar al oficialismo. El problema de esta opción es que las posibilidades materiales de ofrecer prebendas es limitada, dada la crisis fiscal del Estado brasileño. En otros momentos, como cuando en 1997 se trató la enmienda de reelección de Fernando Henrique Cardoso, o en 2005, cuando estalló el escándalo del “Mensalao”, los recursos para sobornar particulares (en el primer caso) y seducir intereses regionales (en el segundo) se encontraban disponibles. Además, se encontraban articulados por líderes políticos flexibles, seductores y estrategas, a diferencia de Dilma, que ha hecho de la intemperancia personal su marca registrada. El defecto de esta estrategia es el de la “bala de plata”: o funciona, o todo termina. Sin plan B.

La segunda opción ofrece caminos alternativos, pero sin duda es más costosa no sólo para Dilma (que admite en privado desde finales del año pasado que su popularidad se fue para no volver) sino para el PT: la judicialización del proceso. Una catarata de apelaciones y el uso in extremis de todos los tiempos disponibles estiraría el proceso hasta octubre, en contraste con el tratamiento en 90 días que recibió 24 años antes el juicio de Fernando Collor de Mello. Si bien esta opción cuenta con el atractivo de cohesionar a su base detrás de una consigna y una bandera, el potencial desgastante impactaría de lleno en el PT y en Lula, en momentos que las reservas políticas no sobran, llevando el clima de crispación al extremo, y al borde de unas elecciones municipales que se prevén dolorosas para el oficialismo. Lula se encuentra, como ya señaló Datafolha hace unas semanas, empatando en la carrera presidencial con Marina Silva, lo cual es sumamente llamativo si se tiene en cuenta el cuadro general del ex presidente y del PT. Una estrategia de desgaste resulta incierta en efectividad para conseguir aliados, y de hecho, podría ahuyentarlos, temerosos de las consecuencias electorales y sociales de una polarización extrema. Por último, podría impactar de manera irreversible en las posibilidades el ex presidente para las elecciones presidenciales de 2018.

La última opción es la que más partidarios va sumando en estas últimas horas: acompañar a Dilma hasta donde sea políticamente prudente hacerlo, y apenas destituida, reclamar adelantamiento de elecciones presidenciales. El oficialismo asume que la suspensión es inevitable, por dos razones: la primera es que los senadores, por ser más calificados, profesional y políticamente, que los Diputados, son menos sensibles a presiones y prebendas. En segundo lugar, el PT apenas tiene 11 senadores sobre 81. Para la suspensión, se requieren 41 votos, número fácilmente alcanzable contando solamente a la oposición más radical al gobierno: PMDB, PSDB, el ultraconservador Demócratas y el centrista Partido Socialista Brasileiro. Dicha conformación se reproduciría en la Comisión del Senado, que, como muy tarde, el día 5 de mayo debe emitir su parecer sobre el pedido aprobado en Diputados. Si se aprueba la moción (todo indica que así será), el Senado la trata en plenario el día 10 u 11 de mayo. Hoy, el voto favorable al alejamiento de Dilma, como a su posterior destitución, cuenta con entre 55 y 60 votos favorables. Muchos menos que el de Collor de Mello en 1992, pero suficientes para invitar al PT a la cautela política. Queda un período donde se abrirán investigaciones y probablemente se convocará a testigos ante la Comisión Especial, donde Dilma no está obligada a comparecer personalmente. El dictamen final debe ser aprobado por mayoría absoluta, para luego ser trasladado a la Cámara, la cual debe fallar con la mayoría especial citada, en sesión presidida por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Si Dilma es destituida, queda inelegible para cargos públicos por 8 años.

El gobierno Temer está comenzando a urdirse. Arminio Fraga, gurú económico del gobierno de Cardoso, está comenzando a trabajar, según se sabe, en el plan de gobierno, aunque es factible que no asuma ninguna cartera, posibilitando la designación del ex presidente del Banco Central bajo Lula, Henrique Meirelles, como Ministro de Economía. La nueva base de sustentación reconocería no solo al PMDB sino también al PSDB como principales ejes, con una miríada de partidos minoritarios en torno a ellos. Sin embargo, la salida de Dilma no solucionará los problemas estructurales que afectan a Brasil, y que prometen una transición tormentosa hasta las nuevas elecciones. Pactos de conveniencia y lealtades volátiles en clima preelectoral mantendrán el suspense hasta el final del mandato. El “impeachment” sería sólo una pantalla de un juego que promete larga duración.

* Patricio G. Talavera es Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Maestrando en Análisis y Generación de Datos Estadísticos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Investigador en UBA, forma parte del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) y el Centro de Estudios e Investigación de Políticas Sociales (CEIPSU-UNTREF). Sus temas de investigación se desarrollan en torno a Partidos Políticos, Elecciones, Política y fiscalidad subnacional, con especial énfasis en Brasil | Tw: @PatoGTalavera

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Patricio G. Talavera

Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Maestrando en Análisis y Generación de Datos Estadísticos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Investigador en UBA, forma parte del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) y el Centro de Estudios e Investigación de Políticas Sociales (CEIPSU-UNTREF). Sus temas de investigación se desarrollan en torno a Partidos Políticos, Elecciones, Política y fiscalidad subnacional, con especial énfasis en Brasil | Tw: @PatoGTalavera

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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