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El feminicidio y el acceso desigual al poder político

El brutal feminicidio de Lucía Pérez en Argentina, volvió a estremecer la conciencia latinoamericana frente a la bestialidad del caso que revive el debate sobre la violencia de género a la que se ven sometidas millones de mujeres en el continente.

El feminicidio es definido como el asesinato de una mujer por razón de su sexo, convirtiéndose en la forma más atroz y dramática de la violencia contra las mujeres.  Según las cifras manejadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solo en el 2014, 1.678 mujeres perdieron la vida en 14 países de América Latina y 3 países del Caribe, por el hecho de ser mujeres. Honduras es el país con la tasa más alta de feminicidios con 13,3 por cada 100.000 habitantes mientras Chile presenta la cifra más  baja con 0,4 por cada 100.000 habitantes.  

Sin embargo, las cifras parecen conservadoras dado que actualmente las estadísticas de la CEPAL tiene a disposición datos hasta 2014, lo cual refleja que existe una necesidad de que los  países de la región cuenten con registros actualizados y más confiables. 

La violencia de género es un fenómeno muy complejo, ligado a patrones culturales y patriarcales y, como tal, no puede ser desligado de la ausencia de voluntad política orientada a lograr equidad de género de manera concreta.

Aunque todos los países  latinoamericanos han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, tan sólo 14 de ellos han ratificado su Protocolo Facultativo. Si bien las reformas en códigos civiles y penales parecieran orientadas a combatir la violencia, y en algunos casos se han establecido cuotas de género para garantizar el acceso a los cargos políticos, resulta poco creíble el discurso político que cuestiona el patrón de desigualdad de poder entre hombres y mujeres en países donde –op`r tomar en consideración una dimensión en particular- la arena política sigue, según los hechos y las estadísticas, reservada para los hombres.

Más allá que de la existencia de leyes contra la violencia de género en alrededor de 20 países de América Latina, y que en 14 de estos este tipificado el delito de feminicidio, el poder  político no da muestras claras de querer combatir la violencia estructural y la exclusión.  La desigualdad en el acceso al poder político es como un pescadillo que se muerde la cola al profundizar un círculo vicioso donde la desigualdad económica y social colocan a la mujer en una posición de desventaja.

La protesta y huelga nacional para condenar el feminicidio de Lucía en Argentina, convocada desde el ejercicio de la ciudadanía, es un ejemplo solidario de no tolerancia a la violencia de género, que nos debe remover la conciencia al resto de latinoamericanos frente al silencio que ha rodeado la feminicidio de  casi 1.700 mujeres ya mencionado.  El ejemplo argentino es un llamado para asumir que la violencia de género no es invisible, nos perjudica a todos y por ello hacerle frente y eliminarla es responsabilidad de toda la ciudadanía.

Sin embargo más allá de la condena, es precisa la exigencia no de estrategias sino de acciones concretas que garanticen de una vez por todas el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas a fin de prevenir la violencia tanto en la esfera pública como en  la esfera privada. Atendiendo al alcance y la repercusión que tienen los medios de comunicación es  precisa  la no tolerancia del acoso hacia las mujeres en en esos espacios. Asísmismo es necesario educar para eliminar el acoso hacias las mujeres en la calle  y los medios de transporte públicos.

Cuando en el seno de los partidos políticos se respete a la mujer como sujeta con iguales derechos y oportunidades y se le visibilice como candidata -y no meramente como electora-, hasta entonces será tangible una política pública contra la  violencia de género. Sin duda el proceso pasa por una educación del reconocimiento social de la mujer, del respeto entre individuos donde todas las personas somos libres e iguales.

Según un  informe de ONU Mujeres, hasta el 2015 la región contaba con una representación de mujeres en los parlamentos de tan solo el 27,7%. La cifra es indicativa  de cuanto camino hace falta recorrer para lograr una América Latina paritaria, inclusiva y verdaderamente democrática. Cuando el aumento de la igualdad de poder entre hombres y mujeres se refleje en la arena política, ahí podremos comenzar a creer que quienes toman decisiones están comprometidos en su trabajo preventivo contra la violencia, dispuestos a cuestionar y sobre todo a transformar las estructuras de poder que actualmente excluyen y reproducen desigualdad de género. 

Antes de eso, todos los esfuerzos  seguirán diluyéndose en una conferencia, una declaración, un encuentro regional que resulta en una exhortación, un certificado que solo sirve para colgar en una pared y adornar una galería.  En un análisis interseccional, el sexo  no es el único factor a tomar en cuenta cuando se cuestiona una estructura excluyente que distribuye desigualmente el poder, pero ciertamente mientras esa estructura no se cambie, la desigualdad entre hombres y mujeres en América Latina continuará profundizando la violencia en todas sus formas, incluso la más cruel, la que nos está cobrando vidas.

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Verenice Bengtsson

Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo Derechos Humanos inclusión y diversidad en las empresas del Sur de Suecia.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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