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El Legado. El impeachment y la presidencia de Temer

Ocurrió lo que tenía que pasar. Si en un campo más fértil y amable como lo era la Cámara de los Diputados, la barcaza oficialista del PT y sus aliados encalló, la blanca arena del coliseo senatorial debía barrer cómodamente cualquier expectativa de reversión. La Cámara Alta, compuesta por 81 senadores, debía ratificar o no el impeachment (y la consecuente suspensión) de Dilma Rousseff la semana pasada. Necesitaba mayoría absoluta, la cual sumaban contando apenas la oposición más radical y decidida al gobierno (PMDB, PSDB, DEM y PSB). Eso sin contar a la miríada de pequeños partidos que fraccionan la gobernabilidad de la Cámara desde la distribución de alrededor de 30 escaños. Muy por arriba de los 41 senadores requeridos, el voto favorable a la apertura del proceso recibió 55 voluntades, una más que las necesarias para aprobar el juicio político, votación que tendrá lugar dentro de algunas semanas.

Dilma apenas contó con el aval de 22 senadores, la mitad de los cuales era perteneciente a su partido. Algunos casos aislados del PMDB y apoyos de su base más cercana (comunistas, laboristas, etc) ratificaron su apoyo. La victoria fue tan amplia, que los impulsores del impeachment no se vieron molestados por dos ausencias de fuerte peso político: las de los senadores Jader Barbalho y Eduardo Braga, ambos del PMDB, referentes de gran influencia y trayectoria. Dilma permanecerá por 180 días, como máximo, suspendida de su cargo, aunque podrá utilizar las instalaciones de la residencia presidencial. Salvo algún imprevisto o vuelco radical del escenario, la destitución de Dilma es irreversible.

Pero de ser así, ¿Por qué la votación estuvo rodeada de una fuerte tensión al interior y al exterior de Brasil, y Dilma no parece exactamente una presidente execrada por la sociedad (como sí lo fue Collor de Mello) y el gobierno de Temer enfrenta prematuras dificultades? Básicamente, porque el juicio político de Dilma ha roto el consenso institucional en torno a la judiciabilidad de ciertos aspectos de la gestión del Estado. Las implicaciones de ese cambio de paradigma (ausente en el impeachment de 1992, donde el delito y la culpabilidad estaban claros) están en desarrollo, y es probable que aún no las mensuremos a cabalidad. Para muestra un botón: el relator del proceso en el Senado, Antonio Anastasia, realizó durante su gestión como gobernador de Minas Gerais (2010-2014) las mismas “pedaladas financieras” que ahora utiliza para justificar la necesidad de remover a la presidenta de su cargo.

La votación en el Senado, por otra parte, estuvo precedida de un hecho francamente inquietante: apartado el factótum del Juicio Político, Eduardo Cunha, de la presidencia de la Cámara de los Diputados, su sustituto, Waldir Maranhao, decretó la anulación de la sesión que aprobó el impeachment. La conmoción fue inmediata. La poderosa Organización de Abogados de Brasil (OAB) arremetió declarando que impugnaría la ordenanza. Maranhao alegaba que durante la votación, se había irrespetado el procedimiento establecido, y correspondía su reiteración. A todas luces, se trataba de una circular sin impacto legal: el Plenario es el máximo órgano de decisión de la Cámara, y sus resoluciones no pueden ser modificadas ni siquiera por la presidencia. A las pocas horas, el presidente del Senado y hombre cercano al PT, Renan Calheiros, hacía pública su crítica a la ordenanza, adelantando que haría caso omiso a la misma, continuando con el proceso según lo previsto. 24 horas después, Maranhao revocaba su estrafalaria resolución. ¿Quién y qué se había ganado? Nada en cuanto al proceso en sí mismo, pero sí políticamente. Maranhao es diputado por el Estado de su mismo nombre, con cuyo gobernador, el comunista Flavio Dinio, se había reunido el fin de semana anterior a tomar esa resolución. Contrastando agendas oficiales, Maranhao debía aterrizar en Brasilia el sábado, pero recién volvió hacia la tarde del domingo, luego de una imprevista reunión con el gobernador. Si Dinio, en contacto con Dilma, motorizó la maniobra, es imposible saberlo, pero habiendo sido juez, es impensable suponer que el gobernador nordestino ignoraba lo inocuo del eventual decreto de su diputado. Por lo tanto, quizás Brasil haya estado ante una mera maniobra propagandística: desprestigiar aún más el proceso ante la comunidad internacional y los medios, dotándolo de vaivenes ridículos; generando también una situación de shock para que hubiera tiempo de convencer indecisos. Lo primero, al cabo de unos días, parece haberse logrado con eficiencia: la cobertura de estos días tanto del Impeachment como de la ascensión de Temer en la prensa internacional ha sido poco halagadora con la nueva coalición inquilina del Palacio del Planalto. El fracaso del segundo objetivo es evidente: la votación dejó a las claras que no solo es difícil que Dilma consiga una minoría de bloqueo, sino que lo más probable es que la destitución gane más adeptos de aquí hasta la votación final.

En este sentido, el Senado es un ámbito diferenciado donde, por trayectoria política, formación y posición económica de sus miembros, el comercio de siglas y la efectividad de las dádivas son menos exitosas que en la Cámara Baja. Sus miembros tienen peso e influencia propios: más del 60% tienen parientes en puestos políticos, por arriba del 49% que se registra en la Cámara de Diputados, según Transparencia Brasil. La continuidad en los escaños es hija natural de la contigüidad económica del poder político: los Barbalho o los Cassio Cunha poseen empresas de medios de comunicación que facilitan su inserción, en un escenario común sobre todo en la representación nordestina. De allí que Fernando Collor de Mello, destituido y sin derechos políticos durante 8 años, haya logrado volver y ser senador desde 2006. Por cierto, vueltas de la vida, votó a favor del Impeachment.

Según el proyecto “Excelencias” de Transparencia Brasil, la bancada ruralista es la primera “suprabancada” de la Cámara, con 30% de los escaños. De ahí  su recompensa en el gabinete de Temer: el ministro de Agricultura es uno de los mayores latifundistas de Brasil. Tampoco eso de por sí es un cambio: el ministro sucede a Katia Abreu, amiga personal de Dilma, gran empresaria agrícola y enfática defensora de intereses vinculados a los terratenientes. Sintomáticamente, la siguiente bancada en número es la de concesionarios de televisión y radios: 23,5%, donde relucen la familia Sarney y Fernando Collor de Mello. Muy lejos, con un 11%, se encuentra la bancada de origen sindical. Un detalle constitucional refuerza la dominancia elitista: un 13% de los senadores accedió al escaño sin voto, mediante el sistema de reemplazos por suplencia, cuando un senador es electo o designado para otro cargo. Esto se da con bastante frecuencia: de los 54 senadores electos en el 2010, 20 terminaron abandonando para concurrir a otros puestos, desde ministerios hasta gobernaciones.

Con una bancada oficialista de hasta 20 senadores (la suma del PT, los comunistas, los laboristas y eventualmente Randolfe Rodrigues, de Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva), las posibilidades de Dilma se encuentran en mínimos, por decir lo menos.

La asunción de Michel Temer fue rápida. Las designaciones ministeriales dieron cuenta de la larga preparación del momento. En Economía, se ubicó a Henrique Meirelles, ex hombre fuerte del Bank Boston y ex presidente del Banco Central bajo Lula, y el mismo que el año pasado se había negado a reemplazar a Guido Mantega para ser ministro de Dilma. Lo que parecía ser el encumbramiento triunfal para la prolongada carrera de Michel Temer (75 años), se transformó con las horas y días en una comedia de tropiezos y errores. El mismo día de su asunción, Temer confundió en una llamada a un periodista con el presidente argentino Mauricio Macri. El diálogo entre el periodista sorprendido y un Temer convencido de hablar con Macri, y ensayando un “portuñol” insospechado, representa un aporte invalorable para el humorismo político. Desde ese día, otros flancos se abrieron para el “presidente interino”: en primer lugar, las secuelas internacionales del proceso (que se expresaron en estos días con toda su contundencia) y que están haciendo dudar a China y Rusia de dar reconocimiento al nuevo gobierno, lo cual implicaría una situación francamente embarazosa, tratándose de dos socios comerciales claves. En la región, el saldo es dispar, y salvo Argentina, que demoró horas en reconocer a Temer, el resto de la región prefirió la cautela. A renglón seguido, el anuncio de recortes hizo cundir temor en vastos sectores beneficiados por los planes sociales, lo cual Temer intentó contrarrestar rápidamente desmintiendo esas intenciones, en una entrevista al programa “Fantástico”. La ausencia de mujeres, la presencia de 7 de los 23 ministros encausados por corrupción y la desjerarquización de las Áreas de Igualdad, Género, Derechos Humanos, Cultura y Educación, mantienen al gobierno en una batalla de marchas y contramarchas que de prolongarse debilitarían su sustentación, sobre todo cuando el objetivo homogeneizador (expulsar al PT) se cumpla, y por tanto, se disipe el impulso de la unidad. El último caso de “fuego amigo” provino de su Ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, que declaró que el gobierno evaluaba no designar Procurador al profesional mejor puntuado de la terna que el Ministerio Público eleva al Presidente. Dicha práctica (la votación en el Ministerio Público y la designación del mejor puntuado) había sido establecida por Lula para terminar con los tiempos del “engavetador geral”, que era designado a gusto del gobierno bajo la Administración Cardoso, y cajoneaba (“engavetaba”) las causas que molestaban al poder. La designación del abogado de Eduardo Cunha en el nuevo gobierno alimentaba los rumores que marcaban la intención de Temer de cancelar de alguna manera la Operación Lava Jato y la posible exoneración de Cunha, como premio por motorizar el juicio político. Temer, ante las repercusiones, debió desautorizar su Ministro a toda velocidad.

“No seré un presidente sustituto. Dejaré un legado” le dice Frank Underwood a su esposa Claire en la tercera temporada de House of Cards. El diálogo es perfectamente transferible a Temer y a su joven esposa Marcela. Se trataría de la ambición de ser un Itamar Franco que entregue el gobierno en enero de 2019 en un Brasil estabilizado; un Brasil con una izquierda derrotada y el fantasma de la vuelta de Lula exorcizado por un gran pacto de centroderecha, preferentemente liderado por el PMDB y el ruralismo, y auxiliado por un accidentado PSDB, que desde finales de los 90 se arrastra sin identidad de elección en elección. De ahí que la elección del veterano paulista José Serra como nuevo canciller sea estratégica. Pero mientras Temer buscaba desgranar su proyecto ante las cámaras de O Globo, los “panelaços” (cacerolazos) y protestas en Rio, San Paulo y Porto Alegre bramaban contra el “sustituto”. Ese clima comienza a impregnar hacia adentro y hacia afuera de Brasil: esta semana, muchos diputados alzaron la voz contra la conformación del nuevo gobierno. El fantasma de una presidencia truncada por la crisis, la fragmentación política y la “Caja de Pandora” de la Operación Lava Jato está presente.

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Patricio G. Talavera

Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Maestrando en Análisis y Generación de Datos Estadísticos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Investigador en UBA, forma parte del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) y el Centro de Estudios e Investigación de Políticas Sociales (CEIPSU-UNTREF). Sus temas de investigación se desarrollan en torno a Partidos Políticos, Elecciones, Política y fiscalidad subnacional, con especial énfasis en Brasil | Tw: @PatoGTalavera

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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