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¿El regreso de la Mano Negra en Colombia?

Aparece en España en 1880 y surge como un mecanismo para combatir el reinado de Alfonso XII (el Pacificador) quien en su gobierno y cargando con un pasado de exilios, quiso restaurar la monarquía y reparar los errores que produjo el Sexenio Revolucionario. Allí la historia reconoce la existencia de una Mano Negra que intentó, a través de medidas de fuerza, derrocar a ese reinado.

Luego este término germina con fuerza por allá en 1911, en Belgrado y pretendía acabar con el compromiso austrohúngaro y crear una mejor Serbia. Tenían, en efecto, los Balcanes, en el coronel Dragutin Dimitrijević, la imperiosa necesidad de unificar la gran Serbia, con el respaldo del gobierno serbio que desembocó en las guerras balcánicas; fue el inicio de ellas.

En Colombia, este término no es desconocido. Desde los años ‘60 se viene escuchando que la tal Mano Negra existe o existió y estaba al servicio del gobierno a través de sus fuerzas de seguridad, defensa e inteligencia. En su orden: Policía Nacional, F2 del Ejército y DAS. Y esto tenía su fundamento en la incapacidad del Estado al no poder cumplir con su labor constitucional de proteger la vida y la integridad de los individuos, tampoco la propiedad. Los recuerdos, aunque vagos, dan cuenta de esta relación y algunas muertes selectivas; luego el estudio de casos comparados del conflicto interno, que están ubicando desde 1960, la hace evidente. Y se comprende, medianamente, la práctica macabra en función de la incapacidad estatal: corrupción, mecanismos laxos en la aplicación de la justicia y constantes violaciones a los Derechos Humanos y la existencia de un conflicto armado interno que no solo no se reconoce sino que por el contrario se hace todo lo posible por ocultarlo y desviar la atención manipulando la información y desconociendo los hechos.

Esta Mano Negra en Colombia, tenía por efecto combatir los desmanes de los “desadaptados”; también uno que otro individuo que atacara la estabilidad del Estado; individuo y colectividad. La derecha ha recaído sobre la Casa de Nariño durante largos períodos de tiempo, lo que supone una Mano Negra fortalecida, servil al gobierno de turno; esto no se discute, pero cada que se hacía evidente migraba a otra forma de violencia (como las empresas o los convenio cuando cambian de razón social, pero queda la base; la esencia: que en el últimas es lo que importa). Por ello, nacen las Convivir, y antes de ellas esa relación indiscutible del gobierno de turno para quitarle peso al enemigo sin que sea penalizada internacionalmente. Colombia firmó el Estatuto de Roma (ER) el 10 de diciembre de 1998 y lo ratificó el 5 de agosto de 2002. Con esto Colombia emite una declaración de rechazo a la Corte para perseguir y judicializar crímenes de guerra y todo lo establecido en el artículo 124 del ER, pero antes de eso, la historia nos muestra una serie de violaciones a los Derechos Humanos, casi tan complejos como los que dejaron a su paso los paramilitares.

Esa Mano Negra tenía, en sus origines, atacar los “desechables”: consumidores de droga, violadores, y ladrones. Luego pasó a combatir las fuerzas de lucha que potencializaban personas de izquierda y lucha social. Desde allí era perversa y esa tenebrosa perversidad advertía un daño colateral profundo (ese legado permite ver que, para algunas personas del común, la limpieza social debe darse; de hecho, la piden a gritos); pero claro, la limpieza social que remite al término “desechable”, y frente a la construcción de este término hay mucho de largo como de ancho. Pero lo que nos han enseñado es que son un “deterioro para la sociedad” porque todo el tiempo se remite a lo malos que son. Es la construcción que se hace del enemigo y entonces se encuentran situaciones contradictorias: los barrios más seguros es donde se mata a estos “desechables” y no se permiten; en consecuencia, es un valor agregado para los habitantes y para quien eventualmente se mude allí, porque son “sanos” y de buen ejemplo para los hijos, pero se está empoderando un problema mayor: un asesino y con él una fuerza.

Llama poderosamente la atención las alianzas entre paramilitares y Estado. Un tema no desconocido por gran parte de la sociedad –aunque a veces se olvide-: la guerra bipartidista, el conflicto armado interno y el narcotráfico, todos cobijados con una dualidad: ocultamiento de hecho y transformación de la información. En los ‘90, por ejemplo, el Estado pensaba que la guerrilla los iba a derrocar: las carreteras y los campos estaban llenos de subversivos y crearon las Convivir. ¿Con el apoyo de quién? Del Estado, y así, se mantuvieron hasta 1997. La Mano Negra presente en las actuaciones delictivas.

Cuando Colombia firma el Estatuto de Roma, que posteriormente le da paso a la Corte Penal Internacional (con más nombre que actuación: 22 casos, 2 condenas y 33 órdenes de detención) en 15 años, da la impresión de ser un trabajo pobre en la aplicación de justicia en un mundo que pide a gritos medidas y justicia. Colombia tiene todas las condiciones para que la CPI le dé al menos una mirada. Antes de la constituyente de 1991, había una ojeada muy laxa sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de ella también, pero valdría la pena mirar un poco las razones. El tema de los Derechos Humanos, visto de manera muy general y atendiendo a las particularidades del país y de las regiones da para pensar que no es menester acabarlo sino hacerlo más “humano” y aquí juega un papel muy importante el vacío jurisprudencial que se emplea para tal función. Dicho con un ejemplo: en 1998 a Colombia se le obliga a cambiar el calibre de las balas. Se pasó de una munición 7.62 a una 5.56. La primera tenía la particularidad que destrozaba el cuerpo, se veía muy feo, en término de Derechos Humanos, un cuerpo desmembrado por un solo disparo de fusil, entonces el 5. 56, no producía ese efecto, pero mataba: que era la intencionalidad.

Esto es una desventaja porque la guerra nos ha enseñado quizá desde Sun Ztu que quien tiene la ventaja estratégica, es quien lleva la mejor parte. Estas ordenanzas no aplicaban, por ejemplo, para las guerrillas, puesto que eran ilegales y aquí entra la Mano Negra del Estado con alianzas. Es así como los paramilitares recibían información precisa, para entrar y masacrar, y luego el Estado les ordenaba salir para ellos retomar el control. De modo que episodios como estos quedaban enmarcados como actuaciones entre grupos ilegales. Había, por supuesto, una responsabilidad del Estado que paradójicamente nadie vio.

Entonces tenemos una actuación muy directa de la Mano Negra y he aquí donde surge el problema real de un Estado que no reconoce este hecho y que seguramente no lo hará porque la va a poner en función; es decir, la pensará reactivar de una manera diferente, porque los “desechables” no son su prioridad fundamental: el problema de las drogas y de los “desechables” es un tema de salud pública y de políticas públicas incluyentes -empleo, educación acceso, mejorar condiciones de vida. Pero no son un enemigo desaforado como lo son quienes los liquidan.

El Proceso de Paz con los paramilitares nos mostró muchas facetas, pero sobre todo nos mostró esta alianza macabra entre el Estado y los paramilitares y nos mostró una rotura entre esas dos fuerzas: los paramilitares confesaron y el Estado tembló, pero con esa misma fuerza los calló casi al unísono y durante varios años los encarceló y se dedicaron, única y exclusivamente, a escucharlos en relación con las muertes que cometieron. Nos enseñaron como mataron, los identificamos e identificamos sus prácticas, nunca a sus financiadores reales ni a su Mano Negra, aunque se intuye. Hay cosas y situaciones que simplemente no se pueden ocultar. Esto generó un ciclo violento que se ha ido heredando y que nos ha mostrado lo codiciosos de la guerra y sus desmanes. Los paramilitares, entre ellos mismos y aun sabiendo cuál era su actuación criminal -para qué estaban hechos o para qué los formaban en las escuelas-, tuvieron que ajusticiar a algunos de sus propios miembros por sanguinarios, lo cual da cuenta del problema tan complejo en el que están metidos: casos como el comandante Cristancho, Camilo Aurelio Morantes o alias Cordillera, Adelmiro Manco Sepúlveda, solo por nombrar dos.

La pregunta es: ¿va a volver la Mano Negra a Colombia? Porque hay una rotura evidente y el Estado se ha dado cuenta de que los enemigos reales no son los “desechables” sino el que se constituyó para exterminarlos. Las guerrillas, bien o mal para algunos, se están desmovilizando y aun así con todo lo infortunado del suceso violento no alcanzaron, para bien del pueblo colombiano, el nivel de sevicia de los paramilitares. Ellos mismos ni siquiera se desmovilizaron en su totalidad y siguieron fortaleciendo esta dinámica, que desde el 2006 el Estado se niega a reconocer.

“anoche fui donde el señor de la esquina: estaba asfixiao, le dije que eran cien mil pesos de cuota mensual, el man de una me dijo que no, que no iba a pagar porque esa tienda no da para eso. Mañana vengo, dije, por la plata y, al otro día fui, y no me los dio: saqué la pistola y lo maté. A los tres días la mujer volvió a abrir la tienda y fui y le dije: oiga señora, yo fui en que mató a su marido porque no me pagó cien mil pesos mensuales, mañana vengo por mí plata. Esa viejita temblaba, yo creo que se meo del miedo, pero al otro día fui y ahí estaban los dos billetes de cincuenta mil y no me han faltado durante 10 años. Y así con un poco de tiendas más”.

Esta persona, por ejemplo, hizo un convenio con la Fiscalía. A cambio de una medida de aseguramiento por concierto para delinquir, ofreció delatar a otro criminal y se hizo la negociación: el otro criminal fue encarcelado y este quedó en libertad, para seguir delinquiendo. Y en un caso mayor, que la fiscalía lo hubiera encarcelado, hay un número de abogados especialistas en Habeas Corpus que rápidamente los sacan de prisión. Como pasó con el otro criminal que solo pagó un año y siete meses.

O los paramilitares en prisión, que confesaron hechos atroces, de sus manos, cien, doscientas personas asesinadas y que están en libertad. Ahora sin plata, sin una propiedad y con edades por encima de los 35 años que no solo es un problema para el tema laborar; quién los contrata sino que solo saben delinquir. A eso se dedicaron toda su vida.

“Yo estuve preso casi 9 años, en Justicia y Paz. No te voy a decir que la cárcel es mala porque nosotros estábamos en pabellones especiales y ahí la vaina es pasable. Entonces aunque estuve preso, sin libertad estuve relajao. Tengo 43 años y no tengo nada. Bueno, tengo enemigo que eché al agua, pero esos manes están muertos y si alguno viene lo atiendo: no me voy a dejar matar. A mí lo duro de la cárcel fue no matar, me hacía falta. Apenas salí mi hermano que es comandante me puso a desoxidarme. Me sentí rey”.

¿Sabe el Estado cuantos asesinos tiene en potencia? Una cosa es clara: sabe del daño que hacen y aquí surge el dilema: ¿Qué van a hacer con ellos? Claramente la cárcel no está rehabilitando al reo, la justicia es incapaz de investigar y perseguir. Solo admite los casos de fragancia, confesión y preacuerdo, frente a unos individuos que saben delinquir. El Proceso de Paz con los paramilitares mostró ese hueco enorme en la justicia y les dijo adicional a eso, como lo hacían, como delinquían: antes de estas confesiones nadie sabía cómo operaban; es más, nadie los conocía realmente.

El tema ahora es ¿qué van a hacer? Los homicidios siguieron, las extorsiones crecieron, los grupos ilegales se fortalecieron y los asesinos salieron. ¿Tendrá el Estado la necesidad, ante este resurgimiento, de activar la Mano Negra esta vez contra sus antiguos aliados? ¿O va a dejar que las cosas sigan su curso, desviar la información ocultarla o enfrentar la problemática aun sabiendo que les llevan 11 años de ventaja?

Estas son de hecho las dudas que surgen frente a una problemática real. Mientras criticamos un Proceso de Paz con las guerrillas, tenemos otro que siguió vivo y que no hubo posibilidad de desactivar; que de hecho es más nefasto. La encrucijada está, para quienes lo sienten así, en las regiones con el agravante que pueda surgir otra iniciativa violenta en contra de estos exparamilitares y como tal decisión, otro ciclo de violencia. Porque una cosa es clara: una muerte lleva a otra, y esa a otra y así la cadena que difícilmente se rompe.

“Aquí quienes manda es la familia, tal, ellos controlan los precios, la entrada de productos a los pueblos y quien entra y quién no. Algunos están presos; aunque varios salieron y están por aquí. Pero aquí todo lo manejan ellos y el que no copie, balinera. Eso de la desmovilización fue una farsa, como también lo fue el tema con la guerrilla. Aquí se mató y se sigue matando es al más pendejo, al que nadie reclama”.

Después de revisar el dossier paramilitar y repasar la repetitiva historia de violencia en Colombia, surgen cuestionamientos que son inevitables y que alguien debe dar respuesta. No es cambiar el nombre, eso no funciona. Es cambiar la esencia, sino, miremos esta tautología, que surge después de la desmovilización, con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-: Casa Castaño=Héroes de Castaño=Autodefensas Gaitanistas de Colombia=los Urabeños=los Usuga=Clan del Golfo. El nombre no cambia al fenómeno, como tampoco modifica sus actividades. No van a dejar de ser violentos y de seguir extorsionando solo porque el Estado los llame Usuga, Urabeños o Clan del Golfo.

De modo que el debate está abierto y la Policía Nacional se enfrenta ahora a una situación adversa: los, como quieran llamarlos, le declararon un plan pistola, que vienen haciendo efectivo en varios departamentos. Seguramente las balas penetran de manera diferente. Pueden ser de los Héroes de los Castaños; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; incluso pueden ser de los Urabeños o porque no, de los Usuga y en últimas, hasta del Clan del Golfo.

Si el tema es de nombre, entonces ubíquenlo, pero si el tema es estructural de la violencia, ¿Qué piensa hacer el Estado? ¿Cómo va a garantizar la vida cuando le ha quedado grande la labor? ¿Qué se le responde a la señora de la tienda? ¿Cómo se calma la sed de sangre del exparamilitar? ¿Van a actuar con firmeza o esperar que el próximo gobierno de derecha active su Mano Negra?

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Lerber Lisandro Dimas Vásquez

Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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