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“Hay signos claros de un retroceso en las políticas sociales de combate a la pobreza y a las desigualdades en América Latina”

P - En nuestra anterior conversación, hiciste referencia a la situación económica que venía sobrellevando Brasil y los escándalos de corrupción como algunas de las causas (no necesariamente exhaustivas) del descontento que había respecto a la figura de Dilma previo a su destitución. Sin embargo, la economía brasilera no parece repuntar y los casos de corrupción se mantienen en la agenda política y judicial ¿Cuál es el relato de los opositores al anterior gobierno para seguir apoyando la gestión de Temer?

R - Es cierto que la economía no va bien y que los indicadores económicos actuales presentan dificultades, como el bajo nivel de desarrollo económico y el alto desempleo. Pero se sabía que ni el nuevo gobierno, como tampoco el de Dilma, podrían hacer "milagros". Una parte significativa de los medios defendía la idea que la salida de una presidenta sin capacidad de gobernar y sin apoyo popular era el primer paso para desarrollar nuestra débil economía y que, en el corto plazo, íbamos a estar revirtiendo la tendencia de estancamiento en la producción industrial. No dijeron que los precios de las commodities, que Brasil tanto necesita para equilibrar su balanza comercial, cayeron abruptamente desde 2014, particularmente después que China -que venía de años de fuerte desarrollo industrial- dejó de comprar los insumos brasileros. Al aumento pronunciado del gasto público se suma la disminución de la producción industrial, que junto a otros factores, fueron determinantes para la caída en la recaudación brasilera y el consecuente desequilibrio fiscal. En pocas palabras, la grave crisis económica en Brasil es el resultado de la conjunción de varios factores negativos y, lamentablemente, la recuperación es siempre lenta, gradual y difícil.  

Es verdad que la crisis política hizo más aguda la crisis económica, porque toda la estrategia pensada por el gobierno de Dilma para combatirla fue bloqueada por el Congreso Nacional, inclusive por los partidos políticos más a la izquierda, que eran contrarios a cualquier medida que implicase una disminución de los recursos destinados a los programas sociales del gobierno. Para ser honesto, los cambios que el ex Ministro de Economía de Dilma, Joaquim Levy, intentó implementar y no consiguió para reequilibrar la economía fueron hechos, en gran escala, por el nuevo gobierno con apoyo del Congreso, con la misma Legislatura. Si comparamos los dos planes económicos, no hay diferencias cualitativas entre ellos. Desde la asunción de Dilma a su segundo mandato, la solución fue la misma: cortes generalizados al gasto público, con pequeñas variaciones entre un plan y el otro. Pero hay un problema no resuelto a mediano plazo. En el caso brasilero, en el que se substituyó un presidenta electa -aún con una baja popularidad- por su vice -cuyo índice de popularidad es ridículo-  hay un claro problema de legitimidad que dificulta, y mucho, la gobernanza del país y la posibilidad de hacer frente a la crisis económica.

Definitivamente no fue la corrupción, nuestra vieja conocida, quien por sí sola causara la actual crisis económica. La sospecha o la denuncia de hechos vinculados a la corrupción ampliaron sí la crisis política, y mucho la utilizaron para justificar el impeachment a Dilma, pero no se puede negar la hipocresía y el cinismo en el comportamiento de muchos parlamentarios que participaron en modo decidido en la destitución de Dilma. Un número considerable de ellos están siendo investigados por conductas delictivas en los grupos de trabajo que combaten la corrupción. A su vez, los partidos que apoyaban a Dilma, a excepción de dos o tres más a la izquierda, ahora están apoyando el gobierno provisorio de Temer. Este dato es muy revelador de cómo el sistema político partidario es fluido, incoherente y está fuertemente comprometido con las prácticas más arraigadas de corrupción y malversación de fondos públicos. Hay miembros de todos los partidos políticos consolidados en las investigaciones penales en el país. Y muchos de los actuales liderazgos políticos del nuevo gobierno pueden ser denunciados en cualquier momento en la llamada “Operación Lava-Jato”.

No quiero decir con esto que estoy de de acuerdo con los análisis que “naturalizan” la corrupción e intentan minimizar sus efectos, porque sus daños a la economía y la política son reales y perversos, sobre todo con los sectores más vulnerables. Hay aspectos éticos que no pueden ser minimizados en el debate político sobre el combate a la corrupción. El hecho es que mucho dinero fue desviado en casi todas las obras y emprendimientos públicos en todo el país, por parte de todos los partidos públicos, y esto no es fruto de una teoría conspirativa ni tampoco exclusividad de un grupo político específico.     

P - Una de las medidas más polémicas tomadas en Brasil a fines de 2016 fue el congelamiento del gasto público (PEC 241 o PEC 55) por los próximos 20 años, lo cual se repercute en un freno en la inversión en educación y salud, entre otros sectores. Tomando en cuenta este tipo de medidas ¿Qué espacio de maniobra queda para las políticas públicas destinadas a disminuir las desigualdades sociales?

R - Esto es lo que yo más temía y lo dije en nuestra anterior entrevista. Hubiera querido estar equivocado en mi previsión pesimista respecto al cambio de los derechos constitucionales por parte del nuevo gobierno. Las recetas pensadas para combatir la recesión económica y el aumento de la tasa de desempleo están centradas en recortes al gasto público, y se sabía que esto alcanzaría a los programas sociales del gobierno federal. Es cierto que el plan de Temer fue más osado y radical, al proponer reformas sociales que no estaban originalmente previstas en el proyecto de acciones de gobierno, y mucho menos en los compromisos asumidos en la última campaña electoral. No nos olvidemos que Temer fue elegido como vice-presidente de Dilma. Pero lo que está ocurriendo no es simplemente medidas de ajuste fiscal. Hay un claro proceso de desconstitución de los derechos sociales y económicos en curso en el país, que por muchos años tendrá un impacto perverso en la población más necesitada.       

El congelamiento de los gastos y de las inversiones públicas en salud y educación, por veinte años, es ahora una realidad. Me sorprendió que la propuesta de enmienda a la Constitución pasara con tanta facilidad, más de la que yo imaginaba. No tuve una reacción proporcional al daño que esto significaba para el país, quizás porque la gente afectada con tales medidas no va a sufrir inmediatamente sus efectos, sino que sentiremos de cerca sus consecuencias a partir de 2018. Y esta parte considerable de la población brasilera más necesitada de esas políticas públicas inclusivas, sobre todo en las áreas de educación y salud, que estarán congeladas a partir del año que viene, solamente más tarde verán que no leyeron, no entendieron y sus representantes en el Congreso Nacional no les dijeron toda la verdad respecto al alcance de estas medidas que reducen los derechos sociales y que fueron aprobadas como un “pacto de salvación nacional”.  

No fue una casualidad que Philip Alston, una de las mayores autoridades en derecho internacional público y relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos afirmó, en una nota técnica, que el congelamiento de los gastos sociales previsto en la PEC 55 tendrá un “impacto severo” en la población pobre de Brasil, provocará un “retroceso  social” y colocará a “toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social mucho más debajo de los niveles actuales”.  

Y ahora tenemos en curso una amplísima reforma de la Seguridad Social en el Congreso nacional, que imagino será más complicada que se apruebe integralmente, porque tiene nombre, apellido y dirección. Alcanzará a todos los trabajadores de los sectores, público y privado. En casi todas las familias brasileras hay gente que es pensionada, jubilada o que tiene beneficios asistenciales previstos por la ley. Son nuestros padres, madres, abuelas, tías, personas que conocemos bien.  No será fácil pasar todo el paquete de medidas restrictivas de los derechos que presenta el nuevo gobierno.

Los cambios pretendidos son profundos, no solamente en la edad mínima para jubilarse sino también en toda la metodología del cálculo de los beneficios que serán cortados o disminuidos. Por eso, se esperan muchas manifestaciones en las calles contra esta propuesta de enmienda a la Constitución. De todos modos, algo o mucho de ella pasará, y el escenario de pérdida de parte de los derechos sociales y económicos es, hoy en día, un hecho irreversible. También es seguro que el gobierno apuntará a una reforma laboral, que tiene grandes chances de ser aprobada por el Congreso, dado que el gobierno federal tiene hoy mayoría en el Parlamento, como se vio recientemente en la elección del nuevo Presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos apoyados por Temer.

P- Odebrecht está al centro de la causa “Lava Jato”, y el escándalo de corrupción en la que se ve implicada está comenzando a tener implicancias judiciales en algunos países en los que operaba, como Argentina. ¿Hasta dónde cree que pueden llegar las consecuencias de esta investigación? ¿Se puede transformar en una amenaza para los representantes del poder político y económico de la región?

R- Lamentablemente hay corrupción en Brasil desde su fundación y los medios de desvío de dinero público, más o menos sofisticados, están más claros que nunca, así como son mucho más eficientes los mecanismo actuales de lucha contra la corrupción. Las últimas denuncias premiadas demuestras cómo los grandes contratistas, que están presos, se hicieron de medios ilegales para obtener ventajas y favores de los gobiernos locales y federal, y de municipios en todo el país.      

No tengo cómo afirmar los impactos de las investigaciones del llamado caso Odebrecht en otros países, como Argentina, Perú y República Dominicana, donde ellos hicieron sus negocios con apoyo del poder local, y no dudo que las mismas prácticas de corrupción y favorecimiento hayan sido adoptadas en estos contratos. Lo que puedo decir, con seguridad, es que las consecuencias de estas investigaciones y de las denuncias de los grandes contratistas, para el nuevo gobierno, serán devastadoras, por la abierta participación de los liderazgos del mayor partido del país (PMDB) en los esquemas de corrupción que aparecen en las mencionadas denuncias premiadas hechas por contratistas que participaron de las grandes obras en todo el país, sin mencionar que en dos años Brasil fue la sede de la Copa del Mundo de fútbol y de los Juegos Olímpicos de 2016. No se puede olvidar que el entonces festejado ex-gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, importante líder de un partido político que desde hace mucho tiempo gobierna la política brasilera, está preso hace algunas semanas y cada día son revelados nuevos hechos escandalosos de corrupción en su gobierno.

P- Luego de la muerte de Teori Zavascki, Ministro del Supremo Tribunal Federal, emergieron con fuerza las opiniones que podría no haberse tratado de un simple accidente, sino que se lo vincula a su rol en la causa “Lava Jato”. ¿Sobre qué rumbos se encamina la explicación de su muerte? ¿Considera que esta causa puede verse alterada con la ausencia de Zavascki?

La muerte de Zavascki, que era mi amigo, fue una tragedia lamentable en todo sentido. Era una excelente persona y uno de los mejores jueces que tuve el privilegio de conocer. Trabajé con él durante diez años en el STJ y soy testigo de su competencia, dedicación y perfil bajo. Por eso, tengo la percepción personal de que, aparte de todas las malas coincidencias y de teorías conspirativas, es muy probable que la investigación del órgano responsable termine apuntando que el accidente aéreo en Paraty, que clausuró la vida de un gran juez y que era el relator de una importante operación policial, fue causado por una falla humana del piloto, agravada por las pésimas condiciones del tiempo. El avión, en buen estado de conservación, estaba muy cerca de la pista de aterrizaje y probablemente el piloto calculó mal el punto de giro de regreso para el aterrizaje en el pequeño aeropuerto de Paraty, tal vez porque conocía bastante ese trayecto y juzgó ser capaz de completarlo aún sin una visibilidad suficiente. Lamentablemente los accidentes pasan a toda hora. Tuvimos, al poco tiempo, otro accidente aéreo trágico en Medellín (Colombia), que prácticamente terminó con el cuerpo técnico y los jugadores de un club prometedor del futbol brasilero, el Chapecoense.

Sinceramente, no creo que ningún político tuviese un interés en su muerte, ya que era respetado por todos y porque no tenía la mala costumbre -como algunos jueces del Supremo Tribunal de Brasil- de anticipar sus decisiones y juicios de valor antes de que el caso sea juzgado por el órgano colegiado. Luego, nadie sabía, de antemano, cómo él se posicionaría en un caso nuevo que estuviese bajo su comando.               

Pero una cosa es cierta: su substituto en el Supremo Tribunal Federal, indicado por la presidencia y aprobado por el Senado, el ex-Ministro de Justicia de Temer, Alexandre de Moraes, no tiene ninguna de las características y cualidades que distinguían al Ministro Teori Zavaski y sentiremos mucho su ausencia en futuros procesos del Tribunal.    

P- Ya en América Latina se veían manifestando signos claros de un retroceso de las políticas sociales tendientes a combatir la pobreza y las desigualdades, así como también se venían profundizando (extensivamente) las brechas políticas e ideológicas en el seno de nuestras sociedades. Las primeras medidas y declaraciones de Trump en Estados Unidos parecieran ir en la dirección de ahondar estas tendencias. ¿Crees que hay alguna posibilidad que desde Brasil o desde alguno de los países de América Latina se pueda incurrir en una vía superadora de esta situación?

R- Sin duda hay, por todos lados, signos claros de un retroceso en las políticas sociales de combate a la pobreza y a las desigualdades en América Latina y también del llamado Estado de bienestar social. Hay un cambio nítido hacia la derecha en el mundo, variando de intensidad en cada país, y eso impacta directamente en los derechos sociales y económicos. En Estados Unidos las primeras medidas y declaraciones de Trump nos sorprendieron, a los latinoamericanos, ya que no estamos acostumbrados que los políticos victoriosos cumplan con sus promesas de campaña después de la elección, especialmente aquellas más absurdas o bizarras. Lamentablemente, Trump, que siempre fue un candidato cargado de sí mismo, decidió cumplir con sus promesas de campaña, incluso teniendo una inmensa dificultad para ejecutarlas, como la construcción de “inmenso muro”, que no dividirá solamente la frontera de Estados Unidos con México, sino con todos los países iberoamericanos. Independientemente de los medios de los que dispondrá para la construcción de esa gran muralla, esto no puede ser pagado por los mexicanos y la insistencia en este punto por el gobierno de Trump debilita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, más que nunca, precisa del apoyo de todos los países del continente.

Después de todo, los principios de igualdad, solidaridad entre los pueblos de América y no discriminación son partes indisociables de la declaración de derechos del Pacto de San José (Convención Interamericana de Derechos Humanos) y del Protocolo de San Salvador, que exige respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como reacción a esas primeras medidas, se debe decir a favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que el órgano ya manifestó su preocupación sobre los efectos de las nueves leyes migratorias en los Estados Unidos.        

Más que de las ideas políticas o las propuestas económicas elegidas, lo que más me asusta es su percepción (o la falta) del mundo en una manera general, su ignorancia en relación a las pautas planetarias, como los acuerdos para contener el calentamiento global o también las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, que en los últimos 20 años condenó a varios países –como Argentina, México o Brasil- por prácticas proteccionistas que ni se comparan con aquellas que expresamente dice que hará para proteger las empresas e intereses norteamericanos. En fin, esas variantes del “America first” ponen nerviosos a los organismos internacionales, creados exactamente para tener un mínimo de seguridad y confianza entre los más diversos países, sin hablar de los incómodos incidentes diplomáticos causados por sus pronunciamientos públicos o por Twitter, que causan aún más inestabilidad en los mercados y en un proyecto de gobernanza global.    

Confieso, como alguien que tiene pavor a las dictaduras militares y a los regímenes autoritarios, que me causa malestar saber que, aún con sus peculiaridades –como la de permitirse la elección de un presidente que no tuvo una mayoría absoluta en las urnas– Trump fue electo dentro de las reglas del sistema electoral norteamericano. Esto revela algo más serio y preocupante, con un fuerte impacto en todo el planeta. Aparentemente ni siquiera en Estados Unidas el proceso de globalización le gusta a la mayoría o a una parte significativa de su población. El desempleo y la falta de perspectiva en cuanto al futuro también incomodan a los ciudadanos estadounidenses y ellos, como nosotros, acusan, en mayor o menor medida, a las empresas transnacionales y a los inmigrantes ilegales (recientes) por esa situación. En otras palabras, los otros son la razón de nuestra desgracia y la solución estará en la lucha contra ellos para que prevalezcan, siempre, los intereses mayores de Estados Unidos. Esa simplificación, propia de los modelos dualistas de origen fascista, que opone el nosotros a un ellos, o el bien contra el mal, es siempre peligrosa.          

Por otro lado, al reducir el presupuesto público, menos el militar –por supuesto-, al tentar de deconstruir el incipiente sistema de salud universal de Obama y cortar fondos de todos los programas sociales, la elección realizada soberanamente por un país independiente y del porte de Estados Unidos puede, en teoría, servir para la defensa de su industria, pero no necesariamente a sus trabajadores.   

La opción anti-globalización de Trump, y la falta de una idea clara del papel preponderante de los Estados Unidos en la gobernanza internacional, nos lleva a vivir tiempos de mayores incertezas y miedos.  Ya no sabemos qué hacer con el manual universal que condenaba las políticas proteccionistas, que sostenía que las visiones unilaterales de política exterior son peligrosas y deben ser evitadas a todo costo, que necesitábamos repensar el desarrollo industrial, incentivando la reducción de la emisión de carbono en la atmósfera para combatir el calentamiento global. 

Los hechos alternativos o las post verdad nos llevan a caminos desconocidos y a reflexionar sobre nuestras propias convicciones. En el medio de esta tormenta de medidas heterodoxas económicas y de políticas altamente controvertidas, una cosa me parece cierta: si el plan de Trump funciona internamente, o sea si hay un aumento de la inversión interna en la industria y una disminución del desempleo en Estados Unidos, el efecto de esto en el resto del mundo será notable, forzando muchos países -como Brasil- a reconsiderar sus políticas económicas actuales, basadas -en buena medida- en procesos de desregulación e incentivos fiscales a favor de empresas transnacionales, en busca del mismo éxito obtenido por el gran vecino del norte. No dejaría de ser una enorme paradoja: la nación que más incentivó y presionó a los demás países del mundo a participar de un nuevo orden económico mundial, termina sirviendo como paradigma para los gobiernos nacionalistas y proyeccionistas.  

Aurelio Veiga

Graduado en Derecho en la Universidad de Brasilia y con una maestría en Derecho Público en la Universidad de Bristol (Reino Unido), ocupó hasta el 2016 el cargo de Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil. Actualmente se desempeña como Sub-procurador General de la República.  

        

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Traducción: Ignacio F. Lara

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Politólogo | Editor de Asuntos del Sur | @nachoflara

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