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Honduras, la crónica anunciada de una reelección inconstitucional

Honduras tiene una Constitución política que, si bien garantista, tiene un par de artículos controversiales en tanto que no pueden ser objetos de reformas debido a que se les consideran pétreos. Entre ellos, se consideran irreformables ciertos artículos concernientes al territorio nacional, el período presidencial y la forma de gobierno. Pétreo, según la Real Academia Española, implica que algo tiene la calidad de piedra. Y es que en 1982, cuando se dio forma a la Constitución, Honduras salía de una época de dictaduras y golpes militares. Los constituyentes querían asegurar que la forma de gobierno democrática y republicana no fuese alterada por los gobiernos de turno y por eso les dieron la calidad de artículos intocables, de tal manera que si algún gobernante se atreviera a reformarlos o cambiarlos cesaría en sus funciones y sería acusado por el delito de traición a la patria.

Artículo 374: “No podrán reformarse, en ningún caso (…) los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la República por el período subsiguiente”

En el 2009 fue precisamente la intención de realizar una consulta  -con el objetivo de establecer una nueva Constitución- lo que motivó al poder político y económico hondureño a propinar un golpe de Estado ordenado desde el más alto tribunal de justicia.  En aquel año el presidente Manuel Zelaya propuso la consulta con el objetivo de sentar las bases para una asamblea nacional constituyente que culminara con una nueva Constitución y un nuevo contrato social.

Después de más de 30 años de incipiente democracia, y tomando en cuenta el retroceso que significó el golpe, es preciso reconocer que los artículos pétreos privan a los hondureños del ejercicio de ajustar su Constitución a la realidad y a la dinámica de su sociedad. Además impide el ejercicio de ciertos derechos políticos, tales como elegir y ser electo o reelecto y asumir el proceso de reelección como parte del juego democrático.

El desorden institucional y la ausencia de independencia entre poderes es evidente en Honduras: el sistema de pesos y contra pesos dejó de existir desde el 2009 y la crisis se profundizó cuando en el 2013 el actual presidente Juan Orlando Hernández, desde el Congreso Nacional, destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así colocó a los peones que desde la Sala Constitucional, dos años más tarde (en el 2015), emitirían un fallo judicial declarando la inaplicabilidad de los artículos que prohibían la reelección presidencial y la sanción de encarcelar a quienes la promovieran. El argumento del fallo es que tales artículos violentan derechos humanos y tratados internacionales.  El cinismo es absoluto, pues es esa misma clase política la responsable del golpe, de la ausencia de mecanismos que protegieran en realidad a Berta Cáceres y muchos más dirigentes e indígenas que han sido asesinados mientras defendían sus derechos. Es responsable de que los índices de pobreza y violencia aumenten a escala incontrolable y hoy se considera por ejemplo a Honduras el país con la más alta tasa de feminicidios en Latinoamérica.  ¿De qué derechos humanos están hablando?

Por la calidad pétrea de los artículos, ningún órgano ni el Poder Legislativo ni el Judicial están facultados para reformar o declarar su inaplicabilidad. El proceso pertenece al soberano mediante la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

El gobierno actual  ha sido objeto de la crítica y protesta más fuerte de los últimos años, debido al escándalo de corrupción más sensible en el que se supone se utilizaron fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas. Esto llevó a que en masivas protestas  -conocidas como las marchas de las antorchas- se solicitara la renuncia del presidente actual.  El ex- presidente Rafael Callejas, alto dirigente del partido nacional que gobierna actualmente, fue pedido en extradición por EEUU al verse vinculado en el caso de corrupción y lavado de dinero de la FIFA. Recientemente, un nuevo testigo en un tribunal estadounidense menciona al ex presidente Porfirio Lobo de haber recibido dinero del narcotráfico. Y esos son algunos ejemplos para reflejar la podredumbre que rodea a la clase política que gobierna Honduras.

El domingo 12 de marzo Honduras vivirá un proceso de elecciones internas en las que el actual presidente se postula a la reelección.  El poder Ejecutivo tiene control casi absoluto sobre los otros poderes del Estado y los órganos contralores y fiscalizadores del Estado.  En tales circunstancias y con un tribunal electoral carente de criterio e independencia, denunciado por fraude, sin legitimidad frente a la ciudadanía -porque parece estar lejos de  garantizar elecciones transparentes-,  es de esperar que el presidente pese a todo el panorama nacional resulte reelecto.  Una serie de reformas recientes al Código Penal, que entre otras variantes criminaliza la protesta  e incluso la vincula con actos de terrorismo, son el fondo perfecto para que nadie pueda decir y hacer nada en contra de los resultados de este domingo. La comunidad internacional sigue en su papel de espectadora mientras Honduras se acerca a una era donde el presidente podrá simplemente decir el Estado soy yo.

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Verenice Bengtsson

Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo Derechos Humanos inclusión y diversidad en las empresas del Sur de Suecia.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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