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La libertad no es un milagro, es un derecho

Primero fue el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), cuya opinión número 31/2016 estableció que la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria, según las categorías II y III de los Métodos de Trabajo del Grupo, solicitando al gobierno de la República Argentina su liberación inmediata.

Luego, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expresó su preocupación -en una carta dirigida a la señora Sala-, compartiendo las conclusiones del mencionado Comité, recalcando “que no se demostró en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de la libertad”. 

Seguidamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado argentino a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo, destacando que sigue de cerca esta situación en el marco de una solicitud de medidas cautelares, y que por ello ha solicitado y recibido información a las partes en múltiples ocasiones.

Al presente, el gobierno argentino no ha dado respuesta positiva a ninguno de estos requerimientos, si bien, ha invitado a la CIDH a realizar una visita.

Muchas cuestiones están acá en debate. Una, principalmente, es el apego que una nación tiene o no respecto al derecho internacional de los derechos humanos, cualquiera sea la causa, que motive la intervención de los órganos que integran el sistema de Naciones Unidas, o como en la presente situación, también, del sistema regional. Otra, para nada secundaria ni desdeñable, es la vinculada con el sexismo judicial, los estereotipos que impregnan las sentencias de los tribunales, en definitiva, el androcentrismo del Derecho.

En relación con la primera de las cuestiones, argumentar con el carácter no vinculante de la opinión núm. 31/2016 del GTDA -criterio que desde luego no comparto-, constituye un mero recurso dogmático que no alcanza para conmover el peso de la misma. Existen reglas del derecho internacional que son las que deben prevalecer, y éstas son las de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969; por caso la regla del artículo 26, por la cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; la del artículo 27, que sentencia que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; y lo dispuesto en el artículo 31, que como regla general introduce el principio de la buena fe para la interpretación de un tratado, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

En consecuencia, tengo para mí que la opinión del mencionado Grupo de Trabajo debe ser satisfecha por el Estado argentino, pues tiene como obligación fundamental respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas. A su turno, tanto lo expresado por el Secretario General de la OEA como la exhortación de la CIDH tienen su propio peso indiciario acerca de cómo se percibe la responsabilidad del Estado en punto a su acatamiento a los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y deberían inspirar el accionar del gobierno nacional.

El segundo de los temas requiere un mínimo ejercicio de memoria, y usar las lentes de género, puesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París en 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones, tiene como paradigma de ser humano al hombre. Por tanto, debimos esperar hasta 1993 para que la Declaración y Programa de Acción de Viena estableciera expresamente que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Deconstruir un derecho androcéntrico, es un desafío que no acaba, y al que estamos llamadas las feministas, no sólo desde las ciencias jurídicas sino desde todos los ámbitos, en el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. En este recorrido, que no es en absoluto sencillo, hemos encontrado que el sistema universal de los derechos humanos y los regionales, han sido buenos aliados en nuestras luchas y reclamos, cuando el sistema de justicia nacional no ha dado la respuesta acorde con el respeto al llamado bloque de convencionalidad -que, en el caso de Argentina, tiene recepción constitucional.  Y si nos atenemos estrictamente al sistema interamericano, el que, desde estas mismas páginas, hemos defendido y sostenido, ante los embates dirigidos a su desarticulación, cuando no a su desaparición, ha sido para nosotras las mujeres y las niñas y niños, un actor de significativa trascendencia, en el reconocimiento de los derechos y en la defensa de éstos. Sus recomendaciones, sus decisiones y sus sentencias son paradigmáticas -Niños de la Calle, Maria da Penha, Campo Algodonero, Penal Castro y Castro, Baby Boy, Artavia Murillo por citar sólo algunas que me vienen a la mente mientras esto escribo-, y de ellas nos hemos valido para ensanchar los límites impuestos por las judicaturas nacionales, que vale señalar también, en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, no sólo se encuentran mayoritariamente compuestas por varones, sino que además hacen uso y abuso de la interpretación del derecho, en detrimento de las minorías y los grupos vulnerables. 

Dicho esto, hay dos cuestiones que quiero dejar asentadas con toda claridad, y que son el motor de este artículo: a.) la discriminación que existe contra las mujeres, la cual se manifiesta de diversas formas, tanto en el espacio público como en el privado, y que  cuando están en conflicto con la ley penal, la justicia las minusvalora, las destrata, y las más de las veces las condena anticipadamente, mediante el uso de la prisión preventiva como regla, vale decir que este instituto opera como una herramienta punitiva con sesgo de género; b) el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva, constituyen normas internacionales de carácter vinculante que se derivan del derecho internacional de los tratados.

Desmontar el fabuloso aparato machista que sostiene a los poderes judiciales en nuestra región, es una tarea ardua, que requiere estar en una alerta constante. Ser mujer es en sí misma una categoría sospechosa, y por tanto, requiere un escrutinio estricto, en un mundo en el que la mitad de su población sufre la violencia y la opresión más encarnizada que se haya conocido desde los remotos orígenes del patriarcado.

En conclusión, mi opinión es que en tanto se sustancien los procesos en su contra y se dicte una sentencia que adquiera firmeza, la señora Sala debe recuperar su libertad porque ese es su derecho.

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Norma Graciela Chiapparrone

Norma es abogada, feminista, diplomanda de Flacso Argentina en el Programa Regional de Género y Justicia, consejera internacional de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas | Tw: @NChiapparrone

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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