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La paz truncada: cuando la política electoral colisiona con el interés general

El pasado 2 de octubre se produjo uno de los hechos más importantes de la reciente historia colombiana: la votación del acuerdo de paz que gobierno y FARC alcanzaron y la ulterior negativa de la mayoría de los votantes a dicho pacto.

Desde entonces se suceden las discusiones en torno a los posibles escenarios a futuro, los análisis sobre el sentido del voto mayoritario y sobre las causas de este resultado. Es posible a su vez que los sondeos, que apuntaban a una sólida y estable victoria del “Sí”, realmente no midieran la importancia de la abstención que estaba por aparecer. El “No”, por mucho que ocupara importantes porciones del electorado, no parecía albergar una expectativa real de victoria.

Sin embargo, y dejando de lado la cuestión en torno al por qué de esta disparidad de previsiones con los hechos, no debiera pasarse por alto una importante cuestión: la política interna como vector principal de los posicionamientos ante el referendo por parte de los partidos.

Por mucho que la negociación con una banda armada pueda suponer, en ocasiones, un evidente y razonable debate moral, no ha de cerrarse los ojos ante la evidencia de que el Estado colombiano no ha sido capaz, hasta ahora, de derrotar militar y judicialmente las amenazas terroristas en el país. Del mismo modo, a nadie se le escapa que es impensable una hipotética victoria de las FARC o del ELN ante el Estado colombiano, por mucho que hayan obtenido de esta larga contienda un medio de vida.

El acuerdo de paz se trataba, por tanto, de un realista ejercicio de política pragmática, en el que ambos bandos tenían mucho que ganar y poco que perder y, además, donde las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no iban a quedar como meros espectadores. Aunque la reparación a las numerosas víctimas sea difícil y los recuerdos del pasado no puedan ser borrados, se presentaba como una buena oportunidad para llevar a la institucionalidad democrática a quienes la atentan, así como de reafirmar la capacidad de las democracias liberales de hacer convivir a posturas y pensamientos diversos.  

¿Por qué entonces la fortaleza y activismo del “No”? Es posible que, dejando de lado las posturas radicalmente en contra de negociar con este tipo de organizaciones, en buena medida la respuesta  pueda encontrase en la pura contienda partidista y en las rivalidades personales.

En primer lugar, Álvaro Uribe y su organización partidaria han demostrado una gran capacidad de representar los valores conservadores y tradicionales de la derecha en Colombia, manteniendo prestigio y estabilidad en los últimos años y marcando una clara diferenciación con el que fue su delfín, Juan Manuel Santos. Esta separación, ya amplia desde hace años, se escenificó con su postura radicalmente en contra de los acuerdos de paz que gobierno y FARC habían firmado, fundándose posiblemente en argumentos idealistas que no realistas, además de plantear una postura maximalista y frentista: toda negociación era un golpe de Estado.

En este sentido, Uribe ha sido uno de los mayores enemigos del acuerdo de paz, liderando la oposición parlamentaria ante el ejecutivo, llamando a numerosas concentraciones por todo el país y haciendo uso del carisma y conocimiento que atesora ante quienes le apoyan. Por supuesto, también ha tratado por todos los medios de hacer campaña hacia el exterior, aunque aquí sí podría hablarse de un apoyo mayoritario y con muy escasas fisuras, hacia el acuerdo de paz.

Un vistazo a los resultados electorales muestra, en este sentido, cómo las zonas más proclives al voto uribista le han seguido siendo fiel, así como también aquellos más alejados al conflicto y de la importancia de la renta per cápita: a más riqueza, más apoyo al “No”. Se ha desempeñado pues, como un actor con capacidad de veto para iniciativas de este calibre, dado su poder de capitalizar oposiciones al gobierno de Santos y tejer un discurso político funcional a sus intereses.

En segundo lugar, no ha de olvidarse la responsabilidad que pueda albergarse desde la propia campaña oficialista. En un país como Colombia, donde el clientelismo sigue siendo notorio en amplias zonas del país, así como de la frecuencia que están alcanzando las coaliciones electorales, no ha de descuidarse el análisis regional del voto y su movilización. En este sentido,  pareciera destacable que los posicionamientos que van tomando los que pretenden suceder a Santos se puedan relacionar con la campaña electoral ante el referendo fallido.

Así, el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras ha sido acusado de no apoyar explícitamente el acuerdo, siendo llevado por Santos en campaña por el “Sí” para acallar rumores de división interna en alguna ocasión. Se le ha considerado uno de los favoritos para sucederle en 2018, así como del dominio que tiene sobre una multitud de autoridades públicas repartidas por el país, especialmente en la costa caribe. Durante la campaña, mantuvo posiciones ambivalentes cuando no en segundo plano. Después de todo, como miembro del gobierno, podía capitalizar la victoria, pero su silencio y pasado político también le podían armar ante un revés en el plebiscito.

En tercer lugar, no ha de dejarse de lado la posibilidad de que la oposición al gobierno de Santos y el desgaste que su propio gobierno ha sufrido en estos años, se haya plasmado en dicha votación, por mucho que desde el ejecutivo se tratara de separar referendo y castigo electoral.

Ejemplo de ello serían los territorios más cercanos al uribismo, donde el “Sí” llegó a ganar con holgura y, donde en ocasiones la campaña versó más en una dialéctica chavismo–antichavismo que el propio referendo. Así sucedió en amplias zonas fronterizas con Venezuela. El discurso de Uribe tras los resultados fue evidente: se erigió como ganador de la votación, pero además, aprovechó para traer a colación críticas con respecto a la reforma tributaria o del significado que él atribuye a la familia.

Todo ello además en una campaña política que quizá pecó de ser poco inclusiva y sí muy oficialista. Si se quería un nuevo país, dejando atrás a un cruento conflicto civil de más de 50 años, quizá se debió haber hecho más partícipe a la sociedad civil y a la oposición, pues, después de todo, sus demandas eran legítimas, por mucho que pueda haber cierto contenido electoralista en ello.

Santos ya cometió un error al permitir que el referendo se discutiera en términos partidarios, pues no se trataba de una elección legislativa o presidencial, sino de un acuerdo de país. Y ganó quien mejor movilizó a su electorado. Fue positivo que lo quisiera someter a consultar popular, pues no estaba obligado a ello, pero erró en adueñarse de la gestión y alimentar la confrontación personal.

Por ello, la desmovilización del “Sí” y la victoria de la abstención estarían directamente relacionadas con los anteriores factores señalados. En efecto, a pesar de la importancia histórica y a futuro que tenía la votación y de la gran atención que recabó tanto en la agenda política nacional como internacional, el gran ganador de la elección fue la abstención. Alcanzó el 62,59% o, lo que es lo mismo, la mayor en 22 años. Aún es pronto para saber con más precisión el por qué y los perfiles de los resultados, pero todo indica que la apatía del electorado se debió más a dar por segura la victoria que por su oposición.

Ha de sumarse además otro factor a tener en cuenta: la academia ha venido mostrando que las regiones afectadas por desastres naturales tienden a bajar en participación electoral cuando hay comicios cercanos en el tiempo, hecho que sucedió con la zona costa caribe, aparentemente más favorable al “Sí” en consonancia con los resultados obtenidos por Santos en su última campaña presidencial. La Guajira (19,39%), Atlántico (24,1%) y Bolívar (23,36%) quedaron muy por debajo de la participación nacional media (37,44%).

Sin embargo, los que creemos que el acuerdo de paz será positivo para el país podemos pensar que aún queda una puerta abierta. Desde la propia noche electoral, Santos llamó a la oposición y se comprometió a mantener la tregua y a seguir negociando. Las FARC hicieron lo mismo por su parte. La oposición parece dispuesta a ceder y entrar en la negociación. Ahora sí parece pues, darse una estrategia electoral más inclusiva.

En mi humilde opinión, parece irrevocable un acuerdo de paz, al que esperemos no tarden en sumarse otras guerrillas, como el ELN. Con suerte, en la próxima consulta la política partidaria no dejará que los proyectos de país se trunquen ante luchas personales y electoralistas.

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Ignacio García Marín

Candidato a Doctor por el Instituto Ortega y Gasset (España) y actualmente realiza una estancia de investigación en El Colegio de México (México), tras haber pasado por el CISEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú | Tw: @nacho_garcia_ma

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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