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Postales de un diciembre rabioso: gobierno jactancioso y sociedad refractaria

Para quienes no escribimos con frecuencia notas de opinión, y nos refugiamos, en cambio, en los artículos académicos de investigación, resulta difícil a veces aceptar la invitación a posicionarnos, en pocas páginas y “en caliente”, sobre alguna situación de coyuntura. Cristalizar una mirada y sensaciones revueltas a través de un escrito público, que luego permanece para ser posiblemente revisitado, provoca algo de vértigo.

Nada similar, de todos modos, al valor requerido para asistir a una protesta en la que se sabe que, en algún momento, probablemente se desate una represión feroz. Y ese valor lo tuvieron centenas de miles de personas en los últimos días, junto con la certeza del deber moral de manifestarse contra la sanción de una ley injusta.

El 14 de diciembre, la Cámara de Diputados comenzó a sesionar para votar lo que la mayoría en Senadores ya había avalado: una reforma previsional que, entre otros puntos, cambia la fórmula para calcular la movilidad periódica de las jubilaciones y pensiones (incluida la Asignación Universal por Hijo). A diferencia de la fórmula vigente hasta entonces, que tomaba una combinación de la evolución de los salarios y la recaudación impositiva semestralmente, la nueva tomaría, por trimestres, la variación del Índice de Precios al Consumidor y la complementaría con un indicador a través del cual el Ministerio de Trabajo mide la evolución de los salarios estatales. En concreto, la nueva fórmula implica un significativo recorte en los haberes jubilatorios, dado que el aumento periódico será menor que con el método anterior y con un retraso de meses (por el período menos reciente que se toma para el cálculo). Otro de los puntos considerados perjudiciales, esta vez para el propio sistema de reparto, es que se habilita la opción de jubilación más tardía para trabajadores del sector privado en relación de dependencia (65 años, para las mujeres; 70, para los hombres), pero eximiendo a las empresas de seguir haciendo durante esos últimos años los aportes previsionales correspondientes, lo cual podría contribuir a un mayor desfinanciamiento del sistema jubilatorio.

La sesión del 14 fue levantada ante la gravedad de lo que se estaba viviendo afuera de la Cámara. Pero en vez de suspender por unos meses el tratamiento de la polémica reforma, o incluso para reformularla, el oficialismo volvió a convocar para el lunes 18. Y luego de 17 horas de sesión y una profundización de la conflictividad y la protesta en las calles, la misma fue aprobada con tan sólo diez votos de diferencia (127 a 117), con dos abstenciones y diez ausencias (1).

En los medios masivos de comunicación, sobre todo en la televisión, columnistas, panelistas e invitados insistieron durante días en el diagnóstico de un sistema jubilatorio quebrado, ante el cual la reforma y el ajuste eran una supuesta necesidad ineludible. Desistiendo del intento de emitir una caracterización técnica en materia previsional (de la cual este artículo es incapaz), cabe, de todos modos, matizar esas lecturas apelando a numerosos abogados previsionales y expertos en el tema, que no sólo han advertido sobre un posible carácter inconstitucional del proyecto de reforma (por su “aplicación retroactiva”), sino sobre los efectos negativos que ésta podría tener sobre el funcionamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Pero más allá de la discusión sobre cifras y la situación actual del organismo, ¿es viable acaso considerar como variable de ajuste fiscal a los jubilados y personas y niños con peores condiciones de vida de la sociedad? ¿No es un deber del Estado proteger a los más débiles? Si efectivamente nos encontráramos en una crisis fiscal, ¿por qué la orientación del ajuste es ésa, y no una reforma financiera e impositiva que implique aumentar la recaudación gravando a los sectores de mayores ingresos e incluso a actores del empresariado que han sido beneficiados en los últimos dos años? Y, por último, ¿no es deshonesto haber persuadido a miles de jubilados y pensionados, meses antes, a aceptar un supuesto beneficio inmediato –la llamada “Reparación Histórica”– a cambio de renunciar al derecho de litigar judicialmente por los haberes que el Estado les debía y les había negado durante años, para luego cambiar unilateralmente las reglas de juego y determinar actualizaciones periódicas de haberes menores a las vigentes por ley al momento de ese “pacto”?

En la era de la “posverdad” (término que la Real Academia Española ha decidido adicionar al diccionario, definiéndolo como “toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”), varios referentes del oficialismo justificaron la reforma apelando a inexactitudes, ambigüedades y eufemismos. En este sentido, Elisa Carrió, diputada de Cambiemos, afirmaba en su cuenta de Twitter: “A todos los jubilados en general, les digo que, la ley es absolutamente beneficiosa, hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene”, sin especificar en qué consistía el mismo. Pablo Tonelli, otro diputado nacional del oficialismo, señalaba en una entrevista en Radio La Red el 14/12: "Siete mil pesos es lo que se le puede dar a los jubilados" y “Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo". Por su parte, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, declaraba, en el debate previo en Comisión que “Este proyecto dará mayor previsibilidad a los aumentos”. Y Nicolás Massot, presidente del bloque de diputados PRO, opinaba, en ese mismo debate en comisión que No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes”.

Por otro lado, distintos dirigentes que defendían el recorte, se valieron de definiciones de la democracia sumamente restrictivas y perimidas, como el diputado Waldo Wolff, que en entrevista en Radio con Vos (15/12/17) intentaba contraponer a los legisladores electos (en virtud de lo cual contaban con un supuesto derecho a votar cualquier tipo de ley sin ser impugnados por la sociedad) con quienes protestaban fuera del Congreso “vulnerando el sistema democrático” y con intenciones de “asaltar” el edificio. Wolff agregaba que la manera de cuestionar una medida era “diciendo lo que usted quiera y después en las urnas, así es como se pondera el accionar de un gobierno”. Similar lectura hizo Marcos Peña en su conferencia de prensa del 14/12. Y Elisa Carrió hasta se valió del término “golpe civil”, olvidando que ella misma, en 2013, había convocado a movilizarse para “impedir” la votación de la reforma judicial que impulsaba el gobierno kirchnerista. Paradójicamente, ese mismo gobierno también había sugerido, años antes, asociaciones entre la protesta social y la vulneración de la democracia, excluyendo a la primera de la definición de este tipo de régimen político. Basta recordar el llamado, en 2012, del entonces jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina a que los manifestantes movilizados contra el gobierno armaran un partido y ganaran las elecciones. O el término “destituyente” utilizado por el grupo de intelectuales oficialistas Carta Abierta para caracterizar la protesta contra la Resolución 125 de retenciones móviles a la soja. Y la asociación que la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacía de aquella coyuntura con un intento de golpe de Estado, proyectando, en un acto televisado en la Casa Rosada, un video del bombardeo aéreo de la Plaza de Mayo en 1955 contra el gobierno de Perón.

La protesta es parte integral de la vida democrática y actúa, en muchos casos, como un termómetro del clima social. Una señal que los gobiernos deberían, por lo menos, atender a la hora de definir y redefinir sus agendas. Una definición de la democracia que excluye el derecho a la protesta (aun cuando ésta pueda derivar en incidentes) es obtusa y distorsiva. Y, en última instancia, como se escuchó decir a referentes de izquierda, si para votar una ley, hay que militarizar el Congreso (¡dos veces!) frente protestas masivas, ello estaría dando cuenta de su carácter antipopular.

Si los perjuicios de la reforma son la discusión central, la represión policial que la rodeó es un punto no menos crucial.

Concebir a la represión como una novedad del macrismo implicaría un olvido selectivo de casos como los muertos del Parque Indoamericano durante el operativo conjunto de la Policía Federal y Metropolitana (2010); las detenciones arbitrarias por Gendamería Nacional y traslado a Campo de Mayo (predio donde funcionó, en la dictadura militar, un campo de torturas) de beneficiarios del plan "Argentina Trabaja" que cortaban la Panamericana (2012); la brutal represión a los trabajadores de la autopartista Lear (2014); el uso de bastones, gases y balas de goma contra trabajadores de la línea 60 de colectivos (2015); los repetidos ataques de las fuerzas de seguridad provinciales a las protestas de la comunidad Qom en Chaco y Formosa, a las manifestaciones contra la minería a cielo abierto en varias provincias y a los docentes de Santa Cruz… y la lista de ejemplos sigue (2).

Pero, a la vez, es innegable que se asiste, durante el gobierno macrista a una tremenda escalada represiva, acompañada por una retórica justificativa fogoneada por el propio oficialismo, y que se materializó con claridad, por ejemplo, en el desalojo por Gendarmería de un corte de ruta que derivó en la muerte de Santiago Maldonado en agosto, las detenciones arbitrarias (y el fraguado de actas de detención con datos falsos) durante las protestas por la desaparición del joven en septiembre, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por la Prefectura en Bariloche en noviembre, etc.

Este diciembre, que en la Argentina de los últimos 16 años ha devenido frecuentemente un mes de tensión social, fue testigo de algunas de las peores prácticas de violencia institucional y ensañamiento: gases lacrimógenos a la multitud (¡y que alcanzaron incluso el interior de un subte lleno de pasajeros!), gas pimienta en la cara de manifestantes tirado desde motos y a corta distancia, balas de goma, personas gravemente heridas (con la pérdida, en algunos casos, de la visión en un ojo), personas en el piso siendo apaleadas, motos policiales atropellando a un manifestante, la cacería posterior en calles aledañas a quienes retornaban a sus casas, e incluso el manoseo (filmado por vecinos) de una chica mientras era detenida en la vía pública al término de la protesta.

El 18 de diciembre, en el segundo intento del gobierno de sancionar la reforma previsional, parecieron vivirse dos jornadas absolutamente diferentes. Una fue la que experimentaron quienes participaban de la protesta en distintas columnas (de organizaciones sindicales, políticas, sociales y fuera de éstas, sueltos) que abarcaban varias cuadras desde la Plaza de los dos Congresos hasta más allá de la Avenida 9 de Julio. Y otra muy distinta fue la vivida por quienes sólo siguieron la cobertura televisiva desde sus casas o trabajo. Unos presenciaron miles y miles marchando y reclamando. En algún momento respiraron gases lacrimógenos o incluso fueron testigos directos de situaciones intolerables de represión. Los otros, especialmente si miraban algunos canales como TN, vieron durante largo rato una misma imagen dramática y dinámica: los incidentes, la lluvia de piedrazos de la primera y más reducida línea de la marcha, y filas de policías parados, o retrocediendo y avanzando, para luego, horas después, avanzar sobre la multitud y, de modo semejante al jueves 14, desatar una furiosa represión, que no se trasmitió con la misma fijación audiovisual y detalle que las otras imágenes. En un contexto de disponibilidad de tecnologías (drones y fotografías aéreas) que permiten retratar de modo veraz a la enorme multitud, extrañamente la toma de la multitud entera casi no apareció en la cobertura, sino sólo circunstancialmente o más tarde en las redes sociales.

La poca respuesta inicial de la policía deja significativas dudas sobre la estrategia del gobierno. ¿Acaso el lunes se buscaba, después de la violencia encarnizada de los gendarmes del jueves anterior, producir una imagen perturbadora (y hasta patética) de una policía “desbordada” –término repetido por los noticieros– para luego facilitar la legitimación, por parte de los televidentes, de una nueva cacería de manifestantes y construir una suerte de victimización del personal policial? ¿Era una forma de intentar ilustrar a la opinión pública, cuyo apoyo a la reforma ya era dudoso, la absurda tesis oficial de que la protesta podía resultar en un asalto e incendio al Congreso de la Nación?

Al día siguiente, entonces, el eje de la discusión en los medios de comunicación parecía ser mucho más “la violencia” y “los violentos” que la reforma aprobada y los efectos que tendría sobre los jubilados y beneficiarios de pensiones. Y se colocaba en un mismo plano ambas “violencias”, olvidando la masividad del reclamo, que siguió sumando incluso nuevos protagonistas en los cacerolazos durante la noche del 18 y del 19 en numerosas esquinas de la capital y del conurbano bonaerense (y frente al Congreso, donde volverían a ser reprimidos).

Estos días, las redes sociales se revelaron, nuevamente, como un espacio de información y deliberación con una doble cara. Una negativa, consistente en la reproducción (tanto de detractores de la reforma como de sus defensores) de noticias falsas con imágenes correspondientes a otras coyunturas nacionales o momentos históricos. Y, a su vez, con el reforzamiento progresivo de las propias opiniones de los usuarios, al exponerse a declaraciones y datos afines a las mismas mucho más que a argumentos e información disruptiva, fenómeno ya estudiado por la literatura especializada. Pero, por otro lado, las redes funcionaron también como vías de circulación y difusión alternativa de videos e imágenes documentadas por los propios manifestantes sobre la represión y los abusos policiales que los medios masivos no estaban exhibiendo. A propósito de ello, vi estos días en Facebook una catarsis muy sugerente y pertinente. Frente a la trasmisión repetida hasta el hartazgo por la televisión de las imágenes de manifestantes tirando piedras y otros objetos a la policía (e incluso identificando a algunos de ellos con nombre y apellido), la joven decía que quería ver en la TV también el rostro y nombre de los policías y gendarmes que habían manoseado a una detenida, que le tiraban gas a la cara a pocos metros a un viejo rezagado de las corridas o que atropellaban a otro joven tirado ya en el piso. En síntesis, pedía que dejara de haber un sesgo mediático que “escracha” selectivamente a manifestantes y no a los policías abusivos, y que no muestra la masiva movilización sino tan sólo la primera línea de incidentes.

Sobre las piedras, aunque no deberían haber sido estos días el mayor foco del debate, dos cuestiones a señalar. En primer lugar, aunque deberá investigarse la presencia de infiltrados entre los manifestantes, como barrabravas pagos o miembros de los propios servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales, ello no alcanzaría ni remotamente para explicar las centenas y centenas de personas que participaron de la misma reacción y que detrás tenían una enorme movilización que no se desconcentró por horas. Y, entonces, en segundo lugar, ¿cómo tomar posición ante esos episodios rabiosos del frente de la movilización? Tres opciones posibles (hay más en realidad) emergen “en caliente”: a) que son absolutamente intolerables, b) que, en cambio, deben ser contextualizados y entendidos en el marco de la durísima represión policial y de numerosos heridos de los días previos y de la escalada represiva del último tiempo, c) que, de todos modos, las organizaciones con alguna representatividad política y pública podrían instar a que ninguno de sus propios militantes se sume a los incidentes (como ya lo han indicado en otras ocasiones), resguardando así a sus propias columnas y al resto de los manifestantes. Una combinación de b) y c) es lo más nítido que emana ahora de una intuición político-emocional, al menos provisoriamente y todavía demasiado cerca de los hechos. Y sabiendo, claro, que esa posición acumulará calificaciones indignadas desde distintas direcciones.

Otro capítulo aparte merece la pregunta de qué costo político deberían afrontar las diferentes acciones y omisiones de diputados del peronismo que hicieron campaña en 2015 y 2017 como oposición al actual gobierno y que el 18/12 contribuyeron a la sanción de la reforma con su voto (diputados liderados por varios gobernadores provinciales), o bien con su ausencia (Daniel Scioli, ex candidato a presidente en 2015 y algunos diputados del FPV-Provincia de Buenos Aires). Después de todo, la alianza Cambiemos (PRO-radicalismo-Coalición Cívica) no contaba, por sí misma, con la mayoría necesaria para hacer aprobar la ley. Cabrá recordar esos posicionamientos para poder cuestionar la eventual postulación de dicotomías en términos de las identidades partidarias tradicionales en Argentina.  

Un gobierno envalentonado y jactancioso luego del caudal electoral obtenido en las elecciones legislativas recientes, que ya no retrocede parcialmente con su lema de prueba-error, apela estos días al “reformismo permanente” y al “sinceramiento” para aplicar medidas coyunturales (tarifazos, nueva ola de despidos en el Estado, ampliación de los trabajadores que deben pagar impuesto a las ganancias, etc.) y estructurales (reforma previsional, laboral y tributaria) que van a determinar nuestras condiciones de vida a corto y mediano plazo. ¿Es acaso la única alternativa esperar dos años más y acudir a votar individualmente contra ellos? La protesta ha servido siempre para oponerse al despojo de derechos, y organizarse colectivamente sigue siendo indispensable para conquistar una sociedad más justa.   

Nota al pie:

(1) En realidad, una de esas ausencias es la de Julio De Vido, suspendido en sus fueros, y actualmente preso.

(2) Estos y otros episodios han sido relevados y documentados, por ejemplo, por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en sus informes periódicos, en los que, además, se analizó una modalidad indirecta de represión de la protesta social durante el kirchnerismo: la tercerización de la represión a través de patotas sindicales o integradas por barrabravas de fútbol afines al gobierno (Hospital Francés, Hospital Garrahan, asesinato de Mariano Ferreyra, etc.).

Foto gentileza: Xinhua

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Dolores Rocca Rivarola

Dra. en Ciencias Sociales. Lic. en Ciencia Política. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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