Desconfianza en el Estado e Inseguridad en América Latina.
Por Juan Honey Wuest*
La ciudadanía latinoamericana no confía en sus estados. Este es un fenómeno que viene de lejos, pero que se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia del aumento de la inseguridad ciudadana. Gran parte de los estados en América Latina adolecen de corrupción, de una difusa división de poderes y de incapacidad a la hora de enfrentar al crimen organizado. Además, existe el convencimiento en la sociedad de que se gobierna para unos pocos.
La creciente desconfianza y recelo hacia los estados se debe a varias razones. Entre ellas, mencionaremos la falta del Estado en proporcionar seguridad física y social a sus ciudadanos, y que en muchas ocasiones, en aras de combatir el crimen, las fuerzas estatales cometen abusos y violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo en los sectores sociales tradicionalmente más desprotegidos. Así, el primer contacto de muchos latinoamericanos con el Estado se da a través de las fuerzas del orden, en lugar de mediante los sistemas de seguridad social o de la educación. Jóvenes que no han tenido la opción de ir a la escuela, por ejemplo, son tomados per se como delincuentes, por el simple hecho de vivir en zonas marginales, o son juzgados como si se tratara de grandes jefes de la mafia cuando en realidad sus delitos son menores. Sin posibilidad de juicios justos o de hacer valer sus DD.HH., y víctimas de la corrupción e ineficiencia policiaca, no percibirán al Estado sino como una entidad agresora y peligrosa, al servicio de unos pocos. Este sentimiento es fácilmente contagiable a familias, amigos, y en general a una población que se siente indefensa, ante el crimen organizado, y ante aquellos que alegan perseguirlo, pero que denotan una gran pentración de la corrupción.
La gente en América Latina no ve en el Estado a un ente protector. Ni siquiera un ente justo y equitativo. Por ejemplo, según el Latinobarómetro del 2010, el 63.2% de los encuestados decían tener poca o nada de confianza en el Poder Judicial, mientras que el 59.4% respondía lo mismo sobre la policía. La sensación general es que se gobierna para unos pocos (73.2%, en la encuesta de 2008) y que no se puede confiar, ni siquiera, en otras personas (78.4%, también en la encuesta del 2008). La cuestión va más allá. Los índices de desigualdad no han hecho más que crecer en los últimos años, como señala el último estudio al respecto de la OCDE, y el acceso a la educación y a los sistemas de salud no cubren a toda la población.
La democracia tiene un efecto perverso y es que los políticos, ante las situaciones de inseguridad presentes en la región, y con el afán de ganar elecciones, se ven tentados al discurso fácil y a las soluciones cortoplacistas. Al crimen organizado le achacan la imposibilidad del desarrollo y la falta de paz social, y para terminar con él proponen, por ejemplo, la llamada “mano dura” o “la guerra al narcotráfico”, estrategias que terminan por convertir un problema social en uno judicial. Estas políticas son llevadas a cabo por policías mal entrenadas, pobremente pagadas y a menudo muy permeables a la corrupción. Los objetivos de rebajar los índices de violencia no suelen cumplirse y la respuesta no es otra que la insistencia en la “mano dura”.
Esta situación crea un clima de desamparo en el cual la gente siente que tiene que sobrevivir como pueda. En esta especie de anarquía de facto, cada uno tiene que ver por sí mismo, sin esperar ninguna clase de ayuda de las instituciones que en teoría deberían proteger, de múltiples maneras, a sus ciudadanos. Incluso, se ha llegado a cimbrar la confianza interpersonal, conduciendo así a sociedades severamente fragmentadas. Grandes porcentajes de latinoamericanos no vislumbran un futuro mejor; no confían en que cuando estén enfermos tendrán una atención médica adecuada; no creen que sus hijos podrán acceder a la educación, ni tampoco a empleos dignos.
Un Estado democrático que goce de confianza y legitimidad tiene una serie de características. Algunas de ellas son el monopolio en el uso de la violencia, es decir, que ésta sea ejercida sólo dentro de la legalidad de cada país y respetando los Derechos Humanos; una clara división de poderes, en donde el judicial sea efectivamente autónomo e imparcial; el fomento de la redistribución de la riqueza mediante medidas impositivas y otras de carácter social; proveer de servicios básicos como la educación, salud y de oportunidades de empleo a los ciudadanos, etc. En un Estado de estas características, sus habitantes se sentirán incluidos y participarán de manera activa en la vida política nacional, incluidos los esfuerzos para lograr la reducción de la inseguridad.
Los estados latinoamericanos no son así. Han fallado en gran medida a la hora de posicionar a los ciudadanos como el centro sobre el cual giren las políticas económicas y sociales y en impedir el aumento del crimen organizado. Las políticas anti corrupción y las medidas llevadas a cabo para lograr sistemas judiciales efectivamente autónomos, equitativos y universales han sido infructuosas. Se ha hecho poco por acercar las instituciones a la gente y en proveer a la ciudadanía de servicios básicos, oportunidades y seguridad.
América Latina necesita recuperar (o en algunos casos establecer por primera vez) estados en los que la ciudadanía pueda confiar. Esto no se logrará a corto plazo ni de manera estable con un uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad, sino mediante la implementación de políticas sociales que tengan como objetivo el desarrollo humano que incluya la creación de oportunidades educativas y profesionales y el acceso garantizado a la atención médica para todos, la transparencia institucional y administrativa, y un sistema judicial eficiente e imparcial. No se trata de políticas baratas ni de fácil implementación, pero constituyen el único camino a seguir para fomentar la confianza de la sociedad, tanto hacía el Estado como hacia sí misma, y un punto de partida para la verdadera lucha contra la violencia.
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*Juan Periodista con estudios en Relaciones Internacionales.
